Xalapa, Ver., 27 de noviembre de 2017.- La diputada de Morena, María del Rocío Pérez Pérez asistió a la reunión de Comisión Permanente de Vigilancia de la LXIV Legislatura local, donde diputados que la integran firmaron el dictamen para la Creación de la Ley de Fiscalización Superior y rendición de cuentas del Estado de Veracruz.
De la misma forma, en el encuentro de trabajo se informó que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en esta semana da por concluida la integración del paquete de denuncias de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016.
Las y los diputados pertenecientes a diversos grupos legislativos que integran la Comisión de Vigilancia de la cual forma parte como vocal, María del Rocío, conocieron sobre las 12 denuncias presentadas por parte del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ante la Fiscalía General del Estado.
Al ser entrevistada la legisladora expresó que con el nuevo ordenamiento se eliminarán los principios de posterioridad y anualidad, esto es que se permitirá llevar a cabo revisiones en tiempo real y no esperar a que termine el año para fisalizar. Asimismo, se podrá auditar ejercicios fiscales anteriores al de la Cuenta Pública en proceso de fiscalización.
De igual forma, dijo que el Orfis podrá solicitar información del ejercicio en curso respecto de procesos concluidos y aclaró que esto antes no se podía, se hacía hasta concluir el ejercicio fiscal. También dicho Órgano tendrá además amplias facultades para fiscalizar el destino y ejercicio de los recursos provenientes de deuda pública, con independencia del origen de los recursos afectados como garantía.
La representante del Distrito XXVI. Cosoleacaque señaló que con la nueva Ley, de llegar a ser aprobada, el Congreso le podrá ordenar al Orfis, proceda durante el ejercicio fiscal en curso, a requerir información, así como de que vigile la realización de obras y acciones respecto de la aplicación de los recursos públicos de los entes fiscalizables.
El Órgano de Fiscalización Superior, dijo, tendrá competencia en materia de responsabilidades administrativas, por irregularidades que detenten con motivo de la fiscalización superior.
