Enrique Yasser Pompeyo
Los precandidatos caminan, visitan, dialogan. Conforme avanzan los tiempos electorales, ellos también lo hacen.
No hay día en que no recorran las colonias, las congregaciones, los municipios.
Quienes aspiran están conscientes que de la aceptación ciudadana dependerá que sean elegidos. No se pueden confiar.
A pesar de que en el ambiente existe la sospecha de que podría haber imposiciones, la base morenista no quiere arribistas.
Desde hace meses, los simpatizantes y militantes han exigido una consulta para que sean ellos quienes elijan a sus candidatos a los diferentes puestos de elección popular.
Las encuestas deben ser transparentes, sin que se modifiquen los resultados. Si el partido político Morena y algunos personajes no aprenden de sus errores, incurrirán en lo que siempre han denunciado, el compadrazgo, el amiguismo.
Pero también corren el gran riesgo de perder distritos locales, federales y municipios por tratar de imponer a candidatos sin arraigo, desconocidos y sin el perfil necesario.
Por citar un caso. En Coatepec, los militantes ven con buenos ojos al regidor tercero con licencia, Jorge Luna para que sea quien encabece la candidatura a la diputación local; en el caso de la federal, la población le apuesta a Adrián González Naveda, y para la alcaldía, diferentes sectores consideran que Rigoberto Amezcua Mora podría ser un buen abanderado.
De lo que se trata es que el partido político participe en los comicios del próximo 6 de junio con fórmulas ganadoras; de lo contrario, se prevé una derrota inminente.
LA PARTIDA SECRETA
El fin de la partida secreta es un logro más en materia de combate a la corrupción de la cuarta transformación, indica Ignacio “Nacho” Luna.
Así lo expone: “una de las iniciativas más importantes en materia de combate a la corrupción del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, es la eliminación de las partidas secretas o discrecionales, que durante los gobiernos neoliberales del pasado se utilizaron de manera legítima para desviar recursos del pueblo de México a los bolsillos particulares de funcionarios públicos e inclusive ex presidentes”.
Dichos recursos que ascendían a miles de millones de pesos se incluyeron en el concepto 00073 del Ramo 23, se justificaban de acuerdo en lo establecido en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política que a la letra dice: “No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del presidente de la República”.
Ignacio Luna expone que “eran pues recursos que nunca se comprobaban y que servían de cajas chicas para fomentar la corrupción en el pasado. Por ello, consideramos como un acierto el dictamen aprobado por el Senado de la República para reformar dicho artículo, el cual no dudamos que será aprobado por una mayoría en el mismo Senado así como por los congresos locales. Este es un logro más del gobierno de la cuarta transformación en materia de combate a la corrupción y de transparencia de los recursos públicos”.
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