La diputada Magaly Armenta Oliveros presentó una iniciativa de decreto para reformar el Artículo 4 de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que tiene como propósito elevar el nivel de vida de las personas que habitan en las zonas con mayor rezago en la entidad.
Dicha reforma expone que para garantizar el bienestar y progreso social de los pueblos y comunidades de indígenas mediante la ejecución del Programa Estatal Anual a que se refiere la fracción VI del artículo 21 de la mencionada ley, en los presupuestos y programas operativos anuales del estado y de los ayuntamientos, se deberá destinar los recursos necesarios para dar puntual y eficiente cumplimiento a sus objetivos.
Asimismo, en el caso de los recursos previstos en el presupuesto de egresos del estado –precisó la Diputada-, bajo ninguna circunstancia serán iguales o menores a los del ejercicio fiscal inmediato anterior.
Al hacer uso de la tribuna durante Séptima Sesión Ordinaria del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora integrante del Grupo Legislativo de Morena recordó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población indígena en el país es de 11 millones de habitantes, es decir, casi el 10 por ciento de la población total.
También refirió que, en 2016, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la entidad contaba con una población indígena cercana al millón 101 mil personas, lo que la sitúa como la tercera solamente después de Oaxaca y Chiapas.
En atención a las necesidades de este amplio sector, planteó que se garantice bienestar y progreso social, conceptos más amplios que pueden ser vistos como las capacidades y los esfuerzos que toda población emprende en vías de alcanzar un mejor nivel de vida.
Armenta Oliveros aclaró que la medida propuesta exclusivamente se orienta en lo concerniente al ámbito estatal y no en el municipal, a efecto de no transgredir la libertad de los municipios para administrar su hacienda, conferida en la fracción IV del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa, a la que se adhirieron los grupos legislativos de Morena y mixto Movimiento Ciudadano-Partido de la Revolución Democrática (MC-PRD), fue turnada a la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas y Hacienda del Estado.
