Con un desplome del 35% de la preferencia electoral en el país y la confrontación interna para decidir las candidaturas de 2018, el presidente Enrique Peña Nieto corre el riesgo de perder el control de la sucesión.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) llega a su XXII Asamblea Nacional ordinaria frente a un peligroso escenario ante la pérdida de votos en el país y sorteando la sombra de una ruptura interna, por la polarización para definir las condiciones en que se elegirá el candidato a la presidencia, y los tres mil 225 cargos de elección popular a disputarse el próximo año.
En marzo de 2013, cuando se realizó la asamblea nacional anterior, el PRI gobernaba 20 entidades de la República. Cuatro años más tarde, el tricolor sólo gobierna 13, lo que representa un desplome de 35 por ciento.
Entre las entidades perdidas hay varias en las que nunca había gobernado un partido distinto al PRI, como Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. Coahuila, otro estado donde nunca ha habido alternancia política, está en el limbo, pues el Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra deliberando si anula o no la elección de julio pasado.
César Camacho Quiroz —actual coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados— e Ivonne Ortega —autodestapada como precandidata presidencial y cabeza de una corriente interna que pide que las candidaturas se definan por medio de consulta a la militancia— eran los dirigentes de un partido que traía una inercia ganadora, luego del triunfo de 2012 con Enrique Peña Nieto.
Eran los tiempos del Pacto por México, de las reformas estructurales y de un Peña Nieto con altos niveles de aprobación, pues no se había difundido el escándalo de la “casa blanca”, aún no ocurría la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ni se había destapado la cloaca de las administraciones de Javier Duarte en Veracruz, de Roberto Borge en Quintana Roo y de César Duarte en Chihuahua.
Ya desde su asamblea de 2013, el PRI había abordado el tema de los candidatos externos. Uno de los acuerdos de aquel entonces señalaba que “los personajes no priistas, gente que goza de prestigio y reputación, y con una buena posición ante el potencial electoral, podrán ser habilitados como candidatos del partido una vez que hagan suyos los postulados del PRI”.
En un acto que resultó premonitorio por los casos de corrupción de los gobernadores priistas, César Camacho destacó en esa ocasión que el Consejo Político Nacional “tendrá la facultad de llamar a cuentas a militantes convertidos en autoridad para realizar recomendaciones que corrijan el trabajo político y público y cumplan compromisos hechos en campaña bajo las siglas del PRI”.
El riesgo de otro 1987
José Antonio Crespo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y experto en historia del PRI, advirtió que el partido llega a su XXII Asamblea con el riesgo de una desbandada como la ocurrida en 1987, año en que la llamada Corriente Democrática —encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo— abandonó las filas del partido.
El riesgo máximo es que ocurra una salida de liderazgos, como en 1987, y que vayan a parar a Morena de López Obrador o a algún otro partido; el riesgo menor es que lleguen a las elecciones tan divididos como en 2000, pero cualquiera de los casos es adverso para las aspiraciones del PRI en 2018”, subrayó el académico.
Crespo consideró que la intención del presidente Enrique Peña Nieto era controlar al máximo la asamblea y crear las condiciones para modificar los estatutos que exigen diez años de militancia partidista para ser candidato presidencial. Sin embargo, agregó, existen muchas corrientes al interior que se opusieron a esta intentona.
“No la tiene fácil el PRI, pues si el presidente Peña impone su criterio en la asamblea, se corre el riesgo de incrementar la división y el enfrentamiento; pero si el presidente Peña cede a las presiones de las corrientes críticas, entonces estaremos ante una figura presidencial muy débil para operar la sucesión”, reflexionó.
Crespo Mendoza estimó que Peña Nieto y su equipo sí están interesados en eliminar el candado de los 10 años de militancia “para abrir la baraja de aspirantes”. Pero si la dirigencia nacional no hace caso a los grupos de priistas que se oponen a mover los estatutos y los excluyen, puede haber una fractura que debilite todavía más al PRI”.
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