Xalapa, Ver.- Con 34 votos a favor, el Pleno de la LXV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen de Decreto por el cual se autoriza al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a refinanciar o, en su caso, reestructurar la deuda pública estatal a su cargo y a celebrar las operaciones financieras y actos jurídicos para su debido cumplimiento, hasta por la cantidad de 41 mil 769 millones 280 mil 619 pesos.
Este Dictamen, puesto a consideración del Pleno por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, durante la décima quinta sesión ordinaria, registró además 12 votos en contra y una abstención.
El documento refiere que con base en el escenario coyuntural favorable que se presenta en el Estado, la expectativa de mejorar las condiciones crediticias mediante la reestructura o refinanciamiento de la deuda de largo plazo mediante procesos competitivos de contratación, permitirá a la Administración Pública Estatal alcanzar una estructura de deuda más flexible y eficiente.
Además de reducir el costo actual de la deuda pública; mejorar las condiciones contractuales de los financiamientos y establecer una carga por servicio de la deuda con un mejor equilibrio entre la actual administración y las subsecuentes, lo que daría como resultado la liberación de ingresos de libre disposición, y permitirá, entre otros, mejorar la liquidez de las finanzas estatales, fortalecer las inversiones prioritarias del Gobierno del Estado.
El Decreto aprobado autoriza, adicionalmente, al Gobierno del Estado a contratar un monto adicional al establecido en el primer párrafo de este artículo y en el apartado total del Cuadro que antecede, por la cantidad de hasta 996 millones 848 mil 707 pesos, conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para constituir los fondos de reserva del o los créditos o financiamientos que, en su caso, se contraten para refinanciar o reestructurar la Deuda Vigente de Largo Plazo del Estado.
El refinanciamiento o, en su caso, la reestructura, se efectuarán de acuerdo con las siguientes bases: mediante contratación directa por el Gobierno del Estado, por conducto del C. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz o del Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).
En el caso los Financiamientos del Fideicomiso Público de Contratación CIB/2878, indirectamente por el Gobierno del Estado mediante instrucciones al fiduciario del Fideicomiso Público de Contratación CIB/2878, actuando el Gobierno del Estado en su carácter de Fideicomitente cuya deuda actualmente se encuentra consolidada con la del Estado.
La contratación de los financiamientos podrá celebrarse a través de uno o varios créditos o convenios de reestructura, hasta por el monto, destino, plazos, términos, condiciones y características que en este Decreto se establecen, en el entendido que, sujetándose a las disposiciones legales aplicables, podrán pactarse, de forma enunciativa más no limitativa.
Los nuevos financiamientos podrán tener una vigencia de hasta 20 años, precisando el plazo máximo en días y fecha específica para su vencimiento, contados a partir de la fecha en que se realice la primera disposición de los recursos y, en el caso de los convenios de reestructura, por el plazo remanente de los créditos reestructurados en la fecha de su celebración o de su fecha efectiva, según sea acordado.
También se autoriza al Gobierno del estado a contratar montos adicionales a los previamente autorizados en este artículo primero, hasta por la cantidad equivalente a 2.5 por ciento del monto de los financiamientos que se contraten, monto que podrá destinarse al pago de gastos y costos asociados a la contratación de los financiamientos autorizados en el presente Decreto.
Asimismo, se autoriza al Gobierno del Estado para constituir uno o más Fideicomisos Irrevocables de Administración y Fuente de Pago y a afectar a dicho(s) fideicomiso(s) como fuente de pago de las obligaciones que se adquieran con motivo de las operaciones que se autorizan en el presente Decreto.
A través del artículo segundo transitorio se establece que este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo que la contratación de financiamientos, reestructuras, garantías de pago oportuno, instrumentos derivados y cualquier otra operación autorizada en el presente Decreto que no se realicen durante el ejercicio fiscal 2019, podrán celebrarse en el ejercicio fiscal 2020.
En el debate de este Dictamen y a nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Rosalinda Galindo Silva subrayó que el alto costo en el pago de la deuda pública ha venido disminuyendo las capacidades de maniobra del Estado para proporcionar los servicios y las obras que demandan la población.
Al adelantar su voto a favor del Dictamen, la legisladora recordó que el refinanciamiento o reestructuración de la deuda no es una política pública aislada, sino que forma parte de una política de carácter financiera y fiscal integral, que ha venido construyendo el Ejecutivo con la autorización del legislador, a partir de la aprobación de las Leyes de Austeridad, de Planeación y la de Ingresos.
Así como el Decreto de Presupuesto de Egresos, Decreto para la contratación de créditos con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y recientemente la reforma a diversas disposiciones del Código Financiero.
Explicó que la reestructuración buscará a través de la modalidad de Licitación Pública Nacional poner a concurso los requisitos necesarios, para que se liberen y disponga el Gobierno del Estado de recursos económicos en el periodo 2019-2024 de alrededor de dos mil 504 millones de pesos y para los tres primeros años de la siguiente administración estatal, un aproximado de mil 808 millones de pesos.
En tanto, a nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Bingen Rementería Molina dio a conocer el voto en contra, al considerar que esta reestructura implica la contratación de mayor endeudamiento.
Participaron en el debate en lo general los diputados Omar Miranda Romero, Ivonne Trujillo Ortiz, Gonzalo Guízar Valladares, Ana Miriam Ferráez Centeno, Deisy Juan Antonio, María Josefina Gamboa Torales, Bingen Rementería Molina, Montserrat Ortega Ruiz, Cristina Alarcón Gutiérrez, Rubén Ríos Uribe y Sergio Hernández Hernández.
