Xalapa, Ver.- Con una protesta en la avenida Enríquez de Xalapa, familiares y amigos exigieron justicia para el motorepartidor Maximiliano Raúl López Miñón, víctima de atropellamiento por parte de un supuesto servidor público.
Los manifestantes cerraron la avenida Enríquez, al pie del Palacio de Gobierno en Xalapa, para demandar una respuesta de las autoridades para el motero de 20 años, estudiante del Instituto Tecnológico de Xalapa y joven boxeador.
Al respecto, María Miñón, madre de Maximiliano, refirió que su hijo salió trabajar como todos los días para ganar un dinero extra en el reparto a domicilio para ayudarse con sus estudios, cuando ocurrió el accidente.
“Solo hizo su trabajo, salió a trabajar porque como todo niño bueno, sin vicios, sin fiestas, quizo salir a trabajar para sus gastos extras que él tiene”.
Señaló que tras el atropellamiento, Maximiliano fue trasladado al Hospital Civil y luego al Hospital Los Ángeles, en donde los médicos le dieron solo 72 horas de vida, aunque la mañana de este lunes nuevamente pronunció palabra.
Acusó que el presunto responsable del atropellamiento es un funcionario público y quizo hacer unas “patrañas” para salir libre, hecho que consideró una injusticia y demandó que este hecho no se quede impune.
Enfatizó que el probable autor es José Luis “N”, a quien señala de ser funcionario público, quien al salir del fraccionamiento Residencial del Bosque, en la zona de Monte Magno, atropelló a Maximiliano que acudía a dejar un servicio en moto.
“Quiso mover muchas cosas del lugar de los hechos para que mi hijo se quedara como que él había sido el culpable cuando no lo fue”, dijo.
Añadió que tras el impacto, Maximiliano sufrió una fractura, dos hemorragias internas con dos coágulos y una fractura de cráneo, y aunque en el Hospital Civil le pronosticaban 72 horas de vida cuanto mucho, un médico del Hospital Los Ángeles le operó y salvó la vida.
Sin embargo esto implicó que la familia pagara 40 mil pesos de depósito y se endeudara con 80 mil pesos por concepto de la cirugía en la clínica privada, de modo que exigen que el probable responsable pague los costos de la operación.
