Xalapa, Ver. 09/Diciembre/2024.- Las familias de niñas con un embarazo producto de violencia sexual viven en condiciones de pobreza y acceder a los servicios de salud y de justicia se complica debido a este factor, señaló la vocera de la organización Equifonía, Araceli González Saavedra.
En conferencia de prensa, indico que las niñas víctimas de esta citación son niñas que no tienen derechohabiencia y por lo tanto dependen de los servicios de salud de Veracruz para poder acceder a una interrupción voluntario del embarazo.
Pero también significa que tampoco tiene acceso a los cuidados inmediatos que requiere una víctima de violencia sexual.
La activista indicó que cuando hay una negativa del servicio de interrupción legal del embarazo se debe dar acompañamiento a la familia pero también cuando acuden a hacer la denuncia ante la Fiscalía General de Veracruz (FGE). implican trámites no solo tiempo sino también dinero.
Dijo que hay casos en que el ingreso de la familia es de 300 pesos diarios pero acudir a realizar los trámites derivados de una denuncia implica hasta el 50% de sus ingresos, lo cual limita sus posibilidades.
“Si gana 300 pesos al día y hacer los trámites les va a llevar los ingresos de un día o una semana porque deben acudir a diferentes instancias es una dificultad que enfrentan las familias”.
Por ello, dijo que la organización da acompañamiento y garantiza no solo que las niñas y adolescentes accedan a servicios de salud sino que hagan los traslados para realizar los trámites correspondientes.
Es por esa razón que han solicitado donaciones a la población en general que ha estado vigentes desde el pasado 30 de octubre y concluirá hasta finales de febrero.
Señalaron que al ser una institución donataria autorizada expiden recibos deducibles de impuestos y que la aportación se hace a través de la adquisición de un bono de mil pesos que servirán para dar acompañamiento gratuito a mujeres víctimas de violencia sexual.
