La diputada Verónica Pulido Herrera presentó al Pleno una iniciativa que reformaría el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado para incorporar como atribución del Congreso la realización de foros de consulta en materia de seguridad pública y que conlleve la participación ciudadana directa en las diversas regiones de la entidad para la confección de las normas legales pertinentes.
Al participar en la Tercera Sesión Ordinaria, la legisladora indicó que la seguridad pública es un derecho humano y la efectividad de las acciones de la autoridad depende de ir a las causas y demandas que todos los días plantea la población, “para eso serían los foros que el Congreso realizaría de manera periódica, para consultar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de la seguridad”.
Agregó que con esta acción podría consultarse a colectivos, grupos empresariales, asociaciones ganaderas, de agricultores, asociaciones de padres y madres de familia y toda la ciudadanía sobre las propuestas de diseño, desde la ley, de políticas de seguridad, acorde con contexto que viven.
La legisladora de Partido Acción Nacional (PAN) aseveró que la participación ciudadana en el proceso de adopción de decisiones públicas es un elemento esencial de la democracia y, en el caso del Poder Legislativo, se trata de poner en práctica un parlamento abierto, receptivo, dispuesto a escuchar a la población para contribuir a fortalecer la legislación en materia de seguridad.
Agregó que los efectos de la violencia y el delito en Veracruz requieren de una fuerza policial que resguarde a la población y que, para ello, es indispensable escuchar a la sociedad civil y a los diversos sectores que hoy en día sufren los estragos de la inseguridad en su integridad personal y en sus bienes.
Por último, puntualizó que hay una ruptura del tejido social que exige la actuación determinante de la autoridad, con políticas públicas que respondan a las causas de la inseguridad y que trabajen sobre la prevención del delito.
La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública. Se adhirieron a la misma los grupos legislativos del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), las diputadas Citlali Medellín Careaga, Tania María Cruz Mejía y Ruth Callejas Roldán, así como los diputados Juan Enrique Santos y Hugo González Saavedra.
