Xalapa, Ver. (Enrique Yasser Pompeyo).- Godoleva Rosa Ortiz Viveros, presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), exigió al Gobierno estatal que se abonen recursos a la reserva técnica.
«Ha crecido en unos 80 millones de pesos, pero faltan 7 mil 887 millones de pesos».
Al respecto, expuso que el desfalco al IPE ha sido reconocido por directores generales del Instituto, como Hilario Barcelata quien reconoció un adeudo de SEFIPLAN de $2,726MP en 2017, el ORFIS, el que en el informe de 2018, registra un déficit Institucional de $7,887,312,619.32, no cubierto por SEFIPLAN, incluyendo faltantes del ejercicio 2016 y anteriores y el reconocido por la Directora General actual, por $7,887,612,620.00 que incluye el registro en la contabilidad del IPE al inicio de la presente administración.
Asimismo, expuso que el IPE de Veracruz durante varios sexenios vio disminuidos sus recursos, «debido a su mal manejo y a la sustracción de los mismos, acompañados por una política de opacidad en la información sobre su manejo».
Ya, desde el año 2010, detalló, algunos grupos de pensionados, preocupados por el funcionamiento del IPE, «particularmente por la lasitud en la toma de decisiones sobre el destino de nuestros recursos y ante la amenaza de una declaración de quiebra del Instituto por la insuficiencia de recursos para cumplir sus funciones y conscientes de la responsabilidad del Consejo Directivo en la toma de las decisiones sobre el destino de la Reserva Técnica y demás bienes del IPE, que es la instancia donde se autorizó durante varios sexenios la utilización de los fondos de la reserva técnica y la venta irregular de terrenos que son parte de su patrimonio, con fines diferentes a los establecidos en la Ley 287 que rige al IPE».
Además, comentó que otra de las decisiones que han modificado al Instituto se relaciona con las cuotas a partir de cuales funciona bajo un Modelo de Solidaridad Intergeneracional, donde los trabajadores activos aportan una cuota, los patrones por su parte aportan otra y el Gobierno aporta la propia; el monto de la cuota aumentó «arbitrariamente» del 6% del salario que originalmente se cotizaba, al 10% en 2010 y el 12% o 13% en la actualidad. «Estos cambios en la cotización también fueron acordados a espaldas de los trabajadores».
En ese sentido, dijo que entre 2010 y 2011 se dio a conocer que subirían las cuotas que aportan los trabajadores para la operación del IPE, la aplicación del Impuesto sobre la Renta a la pensión y el aguinaldo de los pensionados, así como el intento de aplicar las nuevas disposiciones a los pensionados que estaban regidos y amparados por leyes anteriores se incrementó la inconformidad de diversos grupos de pensionados, quienes se ampararon contra esa decisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
«El fallo de la SCJN nos dio la razón y consideró tal medida como inconstitucional, declarando la no procedencia de tal acuerdo».
La representante manifestó que en los últimos meses han sido testigos de las movilizaciones que se han suscitado a nivel internacional con relación a la edad de jubilación y las pensiones.
Entre los movimientos surgidos, el de Francia ha destacado por la gran participación de los trabajadores activos en marchas y mítines quienes exigen al gobierno dar marcha atrás en su objetivo de incrementar la edad de jubilación en dos años, mientras el gobierno insiste en la insuficiencia de las cuotas que aportan trabajadores y patrones para estar en capacidad para pagar las pensiones. El Presidente de ese país ya ha incrementado, por decreto, la edad de jubilación en dos años. con el consecuente rechazo de los trabajadores y se encuentra en proceso una respuesta más fuerte por parte de los trabajadores».
En México, expuso, las instituciones pensionarias han sufrido múltiples reveses, llegando al grado de haber cerrado algunos de ellas como el caso del Instituto de Pensiones de Nayarit y se encuentran con graves problemas de suficiencia para cumplir con su cometido los Institutos de Pensiones de Zacatecas, Nuevo León, Jalisco y Veracruz.
«Como respuesta, particularmente en el estado de Veracruz, en años recientes, se ha subido gradualmente y de manera arbitraria, la edad para la jubilación, así como el porcentaje del sueldo que aportan los trabajadores y patrones, comenzando con el 6% del salario que se cotizaba originalmente hasta llegar actualmente a una aportación de 13%, cambios que de manera complaciente han aceptado los sindicatos y sin mayor respuesta de los trabajadores activos».
De la misma manera, agregó, otros cambios han ocurrido en los requisitos que se exigen a los trabajadores para jubilarse, por ejemplo, en 1967 el trabajador sólo requería haber trabajado por 30 años para tener derecho a la jubilación, en 1966 se requería además tener al menos 60 años de edad y actualmente se requieren, además de los 30 años de antigüedad tener 65 o más años. En 10 años se incrementó la edad de jubilación en 5 años. «Todo ello con la anuencia de los representantes de los trabajadores activos».
«Las irregularidades continuaron y así, después de 5 años de lucha y como producto de los constantes retrasos en el pago de pensiones y otras prestaciones salimos en diciembre de 2015, a ejercer nuestro derecho a ser escuchados y exigir el pago puntual de pensiones y aguinaldos. El 23 de diciembre de 2015, por órdenes del gobernador Javier Duarte Ochoa, y de su Secretario de Gobierno Flavino Rios Alvarado y Arturo Bermúdez Zurita como Secretario de Seguridad Pública, se dio la orden de reprimir a los manifestantes que estábamos en la plaza Lerdo. Fuimos agredidos físicamente y violentados en nuestro derecho a la voz y la denuncia y a pedir explicaciones por el impago de nuestras pensiones y aguinaldos, así como por el destino de los recursos financieros e inmobiliarios que habían estado saqueando de la Reserva Técnica del IPE».
Por ello, interpusieron una demanda ante la Fiscalía General del Estado y otra ante las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, mismas que calificaron la agresión como violatoria de los derechos humanos expidiendo una recomendación al IPE, a la Fiscalía General del Estado y al gobierno del Estado, de resarcir del daño causado a los adultos de la tercera edad y periodistas que se manifestaron ese día en defensa de sus derechos, el Gobierno del Estado, acatando una recomendación de la CNDH ofreció una disculpa. Desde entonces, han pasado 8 años y la Fiscalía no ha podido reunir las evidencias de los autores en tan «artera» agresión.
Por si fuera poco, acotó, los pensionados del IPE, «como la mayoría del pueblo veracruzano fuimos testigos de la dilapidación, sustracción y uso indebido de los recursos del IPE durante varios sexenios, llegando a extremos inconcebibles, lo sucedido en el sexenio de Javier Duarte, donde el robo a través de argucias y desfalcos fue la característica de su gobierno. En el caso del IPE contaron con el apoyo de la instancia de gobierno, misma que les facilitó la tarea, el Consejo Directivo del Instituto, el que autorizó en su momento la utilización de los recursos del IPE para «préstamos» al gobierno, que nunca fueron regresados y mucho menos pagados los intereses que habrían devengado, y préstamos «solidarios» que nunca fueron pagados, mismos que fueron autorizados por el propio Director del Instituto».
«Hemos denunciado públicamente la escandalosa sustracción que gobiernos anteriores hicieron a la Reserva Técnica y demás recursos inmobiliarios. En consecuencia, hemos procedido legalmente desde el 1 de agosto de 2016, interponiendo, junto con otras asociaciones de jubilados, pertenecientes a la FEDIPEV, una denuncia penal contra el Consejo Directivo y todos aquellos que resulten responsables del inadecuado e incorrecto uso de los recursos del IPE».
Recordó que a casi 7 años de interpuesta su denuncia, lo único que han obtenido son aplazamientos y demoras en la integración de la carpeta, por su parte han aportado todas las evidencias requeridas, incluyendo un dictamen pericial contable, «que muestra la incorrecta utilización de los recursos del IPE, para fines diferentes para los que fue legítimamente destinado: el pago de las pensiones y prestaciones de ley de pensionados y jubilados de Veracruz, así como sus actores».
Por ello, exigen una respuesta inmediata a su demanda, así como una respuesta seria y no dilatoria por parte de la Fiscalía y del gobierno del estado.
«¿Hasta cuándo tendremos que esperar para que sean atendidas nuestras denuncias? ¿Hasta cuándo actuará en consecuencia el Gobierno del Estado cuando afirma que ni es ni será tapadera de actuaciones corruptas ni de simulación? ¿Hasta cuando se cumplirá la Ley formalizando la contratación de trabajadores eventuales y de confianza en dependencias oficiales a fin de que puedan acceder a los beneficios que representa el IPE y a su vez incrementar su patrimonio?
Finalmente, acotó que reconocen las medidas atinadas de la presente administración del IPE para recuperar recursos que favorecen a la Reserva Técnica, pero el Gobierno del Estado tiene que abonar al pago de la deuda que tiene con los pensionados de Veracruz.
