Xalapa, Ver. (Enrique Yasser Pompeyo).- Rafael Hernández Matías y Marcos Salas Contreras, integrantes de la Sociedad Mexicana de Industriales expuso que la iniciativa de reforma al artículo 13 constitucional es violatoria, además de que se afecta al sector empresarial.
«Si un empresario tiene una obra contratada, de forma unilateral el gobierno decide cancelar el proyecto sin mediar ningún pago adicional y gastos no recuperables».
Además, señalaron que si el gobierno va a hacer una obra y pasa por terrenos de gente que tiene sus propiedades, «no les pagarán un solo peso en virtud de que ellos han decidido transitar por ahí y van a hacer los abusos sin poder tener defensa».
En ese contexto, dijeron que quedarían en estado de indefensión.
«La iniciativa del presidente conlleva la modificación a 23 leyes que solo requieren la mayoría simple».
Dentro de las leyes que se propone modificar está la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma.
«Lo que establece es una cláusula de confianza, que el gobierno se autodenominada de confianza, es decir, ‘no necesito de permiso de manifiesto de impacto ambiental, mecánica de suelo, no necesito nada, yo hago la obra’ «.
Sobre la Ley de Expropiación indicaron que establece que van a pasar sin previo aviso, sin garantía de audiencia.
«Te van a quitar tu predio y luego van a verificar si te pagan. Otra de las cláusulas es que todos los contratos de arrendamientos, obra pública y cualquier suministro, si estaban por diez años, el gobierno dice hoy, lo extingo, lo anulo y lo rescindo y no te pago la pena convencional. Esa cláusula se llama exorbitante y debe estar en todos los contratos».
Por ello, advirtieron que es violatorio del artículo 13 constitucional, el cual establece que en nuestro país no puede haber leyes privativas.
«Una ley privativa es la que justamente beneficia a unos y excluye a otros. Esta ley está favoreciendo a las empresas del Estado y desfavorece a las de los particulares».
Finalmente, acotaron que anula la justicia administrativa.
«La igualdad ante la ley se está eliminando, no puede haber una ley privativa y ser juzgado por tribunales especiales. Ahora el gobierno tiene mayor fuero, habría un fuero del gobierno. Ya hay cinco empresas de la Sedena para igual número de aeropuertos, están creando empresas para el Tren Maya, para administrar aduanas y habría constructoras que dependerían de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes».
