Xalapa, Ver. (Enrique Yasser Pompeyo).- El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, Vicente Aguilar, indicó que un ente que no actúa con la celeridad requerida es la Secretaría de Seguridad Pública, pues ha retrasado la publicación del reglamento que regule a las empresas que prestan el servicio de grúas.
«Igualmente, la Comisión de Tránsito, Transporte y Vialidad del Congreso local, imita tal lentitud, a la que se añade la indolencia por el elevado número de quejas que reciben por los abusos de estos prestadores de servicios».
De manera que señaló que ambos entes tienen que ponerse las pilas y trabajar coordinadamente para aprobar y publicar dicho reglamento.
En otro tema, dijo que es un logro de la ciudadanía la eliminación de la caseta de Fortín.
«El gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha escuchado y comprendido la necesidad expuesta por los quejosos en relación a esa caseta. El gobierno de la Cuarta Transformación (4T) sigue satisfaciendo las peticiones de los veracruzanos, con ello se asegura más la gobernabilidad, toda vez que, así actúa la alianza Juntos Haremos Historia”.
En otro contexto, Vicente Aguilar comentó que la Coparmex y el ex rector Raúl Arias Lobillo «parece que se pusieron de acuerdo para criticar algunos programas sociales implementados por Andrés Manuel López Obrador y, aprobados por el Congreso de la Unión».
Entre estos citó el denominado Jóvenes Construyendo el Futuro.
«Afirman que dicho programa fomenta el conformismo y no se preparan para tener mejores oportunidades de trabajo. Es presumible que ambos críticos ignoren el funcionamiento del programa; primero, se trata de la capacitación de 1 año, en el que los beneficiarios reciben $6,300.00; segundo, las empresas que los capacitan deben de contratarlos al concluir dicho periodo. La visión de este tipo de críticos es verdaderamente conservadora».
Finalmente, el comisionado del PT comentó que se observa con detenimiento la noticia dada a conocer recientemente respecto al costo de la auditoría realizada a la administración del ex alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez, «repudiado por muchos capitalinos por haber defraudado su confianza».
«De ser verdad que el costo alcanza el monto de 3 MDP, el resultado tiene que ser la denuncia correspondiente por los delitos en que haya incurrido ese sujeto, de lo contrario, saldría más caro el caldo que las albóndigas”.
