Xalapa, Ver. (Enrique Yasser Pompeyo).- Roberto Abundis, comisionado de Transparencia de Quintana Roo, señaló que se requiere el apoyo de los Congresos de los estados para que a los Institutos de Transparencia les den las facultades legales, «dientes», para que el acceso a la información sea de cumplimiento obligatorio y con responsabilidades administrativas.
«Eso sólo mediante herramientas establecidas en la ley se puede hacer realidad».
En ese sentido, indicó que también es importante la presión mediática de los medios de comunicación para quienes no cumplen con la transparencia.
«A veces (los funcionarios) dejan de cumplir por cuestiones que ellos consideran que son sensibles a sus intereses políticos, no porque la ley se las permita».
En ese contexto, expuso que se busca la socialización del acceso a la información, la protección de datos personales y los datos abiertos.
«Los esfuerzos han sido importantes, pero hemos quedado cortos hacia con la ciudadanía para poderle dar la importancia a la materia».
En ese sentido, expuso que todos quienes conforman el Sistema Nacional de Transparencia, tienen claro que los ciudadanos tienen necesidades básicas que atender, pero muchas de ellas se pueden completar a través de derecho a la información.
«Como una primer medida vamos a impulsar la socialización del acceso a la información, posicionar a los institutos de Transparencia de todas las regiones en el nivel que corresponde, en lo político, a nivel institucional y gubernamental, pero también en lo social».
De manera que subrayó que la gente necesita saber cómo ejercer sus derechos y no sólo en el acceso a la información, sino en todos sus derechos.
«En la medida que tengamos una sociedad más informada y más participativa podemos entonces tener una democracia de mejor calidad».
Si bien dijo que hay temas que son reservados, por lo menos en Quintana Roo tienen la facultad de conocer la información para determinar si la reserva del sujeto obligado es conforme a derecho o no.
«Hay temas que son reservados porque son de seguridad pública, de seguridad nacional, es nuestra labor revisar que la reserva esté correctamente hecha, que cumpla con los condicionantes, pero también es trabajo de la ciudadanía que cuando pida información y sea reservada, acuda a los institutos de Transparencia».
