Una masiva filtración de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México, realizada por un grupo de piratas informáticos denominados Guacamaya y a la que tiene acceso EL PAÍS, expone la fuerte presencia del ejército en todas las esferas de la vida pública mexicana. La filtración ha permitido conocer, hasta el momento, detalles de relevancia como el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su familia; delicadas operaciones militares como la detención del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en el llamado Culiacanazo; cuentas corrientes de la Sedena, contratos del Tren Maya o la estrecha vigilancia de grupos como los zapatistas. Son más de cuatro millones de documentos con conversaciones, órdenes, partes, estados de cuentas y notas informativas entre mandos altos y medios desde el año 2010 hasta septiembre 2022 de la institución que más peso y relevancia ha adquirido en la vida pública del país.
Guacamaya Hacks, el grupo que se ha atribuido la filtración, también ha distribuido en los últimos meses información delicada sobre empresas, ejércitos y gobiernos de El Salvador, Chile, Colombia y Venezuela, entre otros países. López Obrador confirmó el viernes la veracidad de la información y reconoció un detalle que hasta ahora se desconocía y que tiene que ver con un amago de infarto a principios de año que obligó a su traslado urgente desde Chiapas a un hospital de la Ciudad de México. El presidente ha reconocido que la filtración se produjo “aprovechando un cambio del sistema de información del ejército”, y ha añadido que “no tiene nada que esconder”. Este periódico se puso en contacto con Sedena, pero su respuesta fue un escueto “estamos investigando”. Tampoco hubo actividad a través de comunicados o redes sociales para explicar el ataque informático al público.
La revelación de los correos, sin embargo, llega en el momento cumbre del debate sobre el desempeño que tendrá el ejército en la seguridad pública del país y cuando se decide en el Senado su continuidad en tareas de vigilancia hasta 2029. Los miles de correos que ha podido revisar EL PAÍS han permitido descubrir la enorme penetración de las Fuerzas Armadas en el ámbito público y hasta en la vida privada del presidente. A las concesiones conocidas en materia de obras públicas como el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas se suma una presencia casi íntima en el entorno del mandatario.
Los correos revisados hasta el momento por este diario confirman que las tareas que hasta ahora realizaba el Estado Mayor Presidencial, disuelto con su llegada al poder, han sido reemplazadas por un reducido grupo de soldados que acompaña, coordina y da seguridad a las actividades de la familia de López Obrador y parte del gabinete.
Miembros de la Sedena son los encargados de hacer el seguimiento médico del presidente, su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y sus hijos. Se encargan también de las pruebas PCR de covid-19 y de las terapias físicas que habitualmente el mandatario realiza en las instalaciones del Heroico Colegio Militar de Tlalpan, que utiliza para “caminatas”. El ejército tiene el encargo de entregar en mano solo al presidente los resultados de las pruebas médicas y hasta la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, confió en la Sedena el tratamiento médico para la cura de la covid en 2020.
Este anillo se encarga de tareas tan diversas que van desde funciones domésticas en el Palacio Nacional, como cambiar las plantas “cada tres meses”, hasta revisar las cámaras de seguridad del edificio y las otras ocho cámaras instaladas en su casa de Tlalpan. Los correos consultados han permitido ver el monitoreo constante de las actividades presidenciales y miembros de la familia, que son nombrados en las comunicaciones internas como “Zeus”, para Andrés Manuel López Obrador, o “Aura”, para Beatriz Gutiérrez Müller. Según estos correos, entre tres y cinco personas, entre ellas un médico militar, acompañan al mandatario o su esposa en cada viaje, algunos de ellos en aerolíneas de bajo coste.
A nivel nacional, además del Culiacanazo, donde el ejército reconoce que los hijos del Chapo Guzmán “doblaron la mano” a las Fuerzas Armadas, la filtración también da cuenta de la preocupación del personal de la agregaduría militar en Estados Unidos sobre el proceso judicial contra Salvador Cienfuegos, titular de Defensa durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, tras su detención en Los Ángeles en octubre de 2020. Los correos detallan el intercambio de información con miembros de la red consular en Estados Unidos intentando resolver su situación legal.
Hay también entradas de agenda para discutir casos sensibles en el Palacio Nacional con el presidente y otros secretarios, como la masacre de la familia Le Barón, en el norte del país, o la detención del capo Rafael Caro Quintero. A nivel interno, los documentos permiten conocer cómo se manejan las denuncias por abusos y acosos sexuales dentro de la institución, una de las más herméticas del país. En algunos casos, las denunciantes piden ser trasladadas a otras zonas para evitar a sus agresores, los señalados dan su versión de lo ocurrido a sus superiores y hay expedientes detallados sobre los hechos reclamados, las resoluciones de los tribunales militares y evaluaciones sobre la salud física y mental de los soldados.
La filtración también muestra cómo la Sedena ha tenido información de primera mano sobre el estado de salud de militares de alto rango y miembros del círculo más cercano del presidente, como titulares del Gabinete y legisladores del bloque de gobierno. En los documentos se lee cuándo fueron atendidos, a qué procedimientos se sometieron, qué padecimientos tienen y cuáles fueron los diagnósticos. “Acudió al servicio de urgencias” o “solicitó una prueba covid” son frases que se leen en decenas de documentos dirigidos a la dirección de correo del secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y de sus asesores.
Los miles de archivos, muchos de ellos bajo el título “confidencial” confirman también cómo las Fuerzas Armadas han ganado terreno en la vida pública durante la actual Administración. Hay información delicada sobre bajas y agresiones en el desempeño de tareas de seguridad; monitoreo de la actividad en las aduanas, que quedaron a su cargo en este Gobierno; cotizaciones para la compra de medicamentos prioritarios y para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, bancos del bienestar o algunos tramos del Tren Maya, y comunicaciones clasificadas con prácticamente toda la Administración Pública Federal, así como con el poder legislativo en el debate de los últimos meses para afianzar la militarización de la Guardia Nacional.
Un primer vistazo desvela también que hay un control permanente de actores políticos relevantes, incluso de la 4T, de movimientos sociales como el zapatismo o de todas y cada una de las publicaciones de la prensa nacional e internacional, aunque la gran mayoría de los documentos contienen información que ya es pública. Muchos de los informes conforman una radiografía de la violencia que azota al país: archivos de seguridad sobre “blancos prioritarios” de carteles como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima, informes de resultados de operaciones especiales en focos rojos de inseguridad, y resúmenes de episodios como el Culiacanazo, el despliegue que resultó en la captura y posterior liberación por orden presidencial de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. “Durante los eventos resultaron un oficial y 10 de tropa heridos, retenidos un oficial y ocho de tropa, 15 fusiles (armamento orgánico), 3 vehículos oficiales y un vigilante civil privado de su libertad”, se señala en uno de los partes sobre la polémica operación.
La correspondencia filtrada ha sacado a la luz también detalles menores. Personal militar compró en abril boletos para el general Sandoval para asistir al concierto de Gloria Trevi en el Auditorio de la Ciudad de México, o tuvieron que cumplir sus órdenes de “bordar sus iniciales y las de su esposa” en las toallas que utilizan en su domicilio.
Guacamaya Hacks, el grupo que se ha atribuido el destape de más de 4,1 millones de documentos de la Sedena, asegura que los archivos que se llevaron de servidores de las Fuerzas Armadas de México pesan más de seis terabytes, que equivalen a 1,5 millones de fotos o 3.000 horas de video, de acuerdo con sus estimaciones.
Con información de: El País
