Con 87 votos a favor y 40 en contra, el Senado de la República aprobó, con cambios, la reforma al Artículo Quinto Transitorio del Decreto en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, para extender, hasta 2028, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Con 87 votos a favor y 40 en contra, las y los senadores modificaron la minuta que envió la Cámara de Diputados, a través de una adenda que se incorporó al inicio del debate para incluir mecanismos de control parlamentario, rendición de cuentas, evaluación y supervisión de las tareas de seguridad pública que realicen las Fuerzas Armadas.
Este dictamen mantiene la propuesta de la colegisladora para que “durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública”.
En la discusión en lo particular, también se incorporó una propuesta del senador Ricardo Monreal Ávila, para modificar el artículo segundo transitorio del dictamen, a fin de precisar que, a partir de la entrada en vigor del Decreto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública determinará el grado de avance en el diagnóstico y los programas en materia de Guardia Nacional, en lugar del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Nacional.
Durante el debate la senadora Imelda Castro Castro, de Morena, afirmó que su movimiento ha construido un marco legal para atacar de fondo el flagelo de la violencia y la inseguridad, el cual descompuso, durante décadas, nuestro tejido social y político. Además, pidió votar a favor de esta propuesta por el bien de las y los mexicanos.
Por Acción Nacional, la senadora Nadia Navarro Acevedo dijo que la militarización no es la solución al grave problema de inseguridad y corrupción que vive México. También, lamentó que impere el discurso de la polarización en lugar de defender el Estado de derecho y que, “hay un pacto de impunidad que llena de vergüenza este dictamen y nos obliga a no acompañarlo”.
Del PRI, la senadora Sylvana Beltrones Sánchez precisó que con los cambios queda expreso que es el Senado el que garantizará la conclusión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, “es el inicio para empezar a corregir lo que falló; el país requiere compromisos y no simples descalificaciones”.
La senadora Verónica Delgadillo García subrayó que, así como miles de familias que viven en medio de la violencia y los cientos de miles que no tienen tranquilidad, Movimiento Ciudadano se pregunta qué más debe pasar en México, para que el Presidente y su mayoría legislativa entiendan que la militarización no construye paz, sino que genera más violencia.
El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, destacó que esta propuesta responde a un punto de coincidencia de todas las fuerzas políticas. Coincidió en que, en otras circunstancias, hubiera sido mejor discutir esta propuesta en una fecha cercana al 2024; sin embargo, consideró necesario blindar el tema de la seguridad pública de los procesos electorales.
Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora del PT, expresó que las familias mexicanas exigen paz y seguridad, por lo que es obligación de las y los legisladores trabajar para ello. Hoy tenemos una deuda que saldar, asentó, porque más que una reforma constitucional, se necesita dar claridad a las funciones de las policías estatales y municipales.
Germán Martínez Cázares, senador del Grupo Plural, comentó que, al aprobar esta reforma, “el próximo Presidente de México tendrá que domar a las Fuerzas Armadas que la mayoría legislativa busca sacar de sus cuárteles, pues lo que aquí construyen es un estado de sitio light, es un toque de queda suave”.
El dictamen por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, fue devuelto a la Cámara de Diputados, con modificaciones, para sus efectos constitucionales.
