Xalapa, Ver. (Enrique Yasser Pompeyo).- El abogado Juan José Auñón Segura denunció que la joven Surisaday Herrera Morales, es víctima de extorsión tras caer en la trampa de unos trámites para obtener una visa y tras ser detenido el presunto culpable, la Fiscalía lo dejó en libertad.
«La impunidad que se está registrando en la Fiscalía General del Estado, con la fiscal de distrito en esta ciudad».
El licenciado explicó que la afectada, originaria de Mesa de Guadalupe, municipio de Alto Lucero, ha recibido amenazas de muerte por medio de mensajes de celular desde hace una semana por una persona llamada Gerson Nael Solano Aguilar, de Trapiche del Rosario y quien se hace pasar como gestor de visas, además de que ya ha sido señalado de fraude.
«Las personas incautas llegan con él y le aportan el dinero que pide, en el caso de la señorita, le cobró 70 mil pesos y le dio documentos falsos, que no son legítimos de la embajada y que evidentemente es un fraude».
Posteriormente, le exigía 50 mil pesos en repetidas ocasiones por medio de mensajes de WhatsApp.
«Mensajes amenazantes en donde le decía que la iba a matar si no le daba la cantidad necesaria, a los papás también, incluso que iba a quemar la casa».
Tras buscar asesoría legal la joven, el sujeto la citó en Plaza Crystal y llegó uno de los extorsionadores, eran dos, uno de ellos la abordó para que le entregara el dinero y la joven al ver a una patrulla, los llamó y fue detenido en flagrancia Jorge Alberto López Aguilar, originario de Cerrillos, municipio de Alto Lucero.
«A la señorita le pidieron que hiciera una llamada al teléfono de donde venían esos mensajes amenazantes y en ese mismo momento sonó el teléfono, no hay duda, es un delito comprobado».
Tras ser puesto a disposición de la fiscal segunda, Miriam Hernández, muy insistentemente le pidió al abogado que no pusiera a disposición el teléfono de su clienta, sino que ella lo entregara físicamente al perito, lo que es incorrecto.
«Como asesor jurídico sé que cuando se pone a disposición un objeto, debe ir mediante cadena de custodia para que no exista duda y exista la garantía de que ese elemento que se encontró, sea valorado por un juez».
No aceptaron y se inició la investigación 3978 de este año y se presentaron testigos de cargo.
«Para efecto de comprobar el ilícito, se tenían que extraer los mensajes de ambos teléfonos, mi clienta dio la anuencia por escrito, que aceptaba que se extrajeran esos mensajes amenazantes».
La fiscal mandó a hacer el peritaje a la Dirección General de Servicios Periciales y el perito Gerardo Hernández Tello, que es ingeniero, que tiene la función de extraer esa información, porque es el experto, dijo que no podía.
«Refiere tajantemente en un informe que no es posible extraer la información habida cuenta, que para eso lo tiene que autorizar u ordenar un juez federal, basándose en un artículo y en una relatoría que no está conforme a derecho, porque ese mandato se lo está ordenando la Fiscalía».
Por ello, la fiscal, al no tener elementos para poder acreditar que existían esos mensajes, deja en libertad a la persona detenida, argumentando, tanto la fiscal regional como la que lleva el asunto, que había que hacerle caso al perito, porque no pudo sacar la información.
