Xalapa, Ver. (Enrique Yasser Pompeyo).- El término inclusión no es sólo una palabra bonita para adornar los discursos, sino que es una gran tarea, una tarea pendiente de hacer realidad, por lo que las asociaciones “RED CABE” trabajan diariamente, expuso Karina Martínez Vera, directora del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral (IMIDI).
En ese contexto, expuso que al revisar el Plan Municipal de Desarrollo de Xalapa 2022-2025, observaron escasas, pero buenas intenciones en relación a la garantía de los derechos humanos de las personas en condición de discapacidad.
«Intenciones que podrían generar un impacto favorable en la ciudadanía si se fortalecieran con el conocimiento y experiencia de las diferentes asociaciones civiles que trabajamos en pro del desarrollo social de nuestro estado de Veracruz».
Por ello, comentó que continuarán insistiendo a fin de lograr avanzar de manera contundente en el tema, promoviendo que el gobierno municipal de Xalapa deje atrás las prácticas de simulación y el poco efectivo modelo asistencialista para pasar a un enfoque de derechos humanos.
«Estamos conscientes de lo complejo que es gobernar, de la gran cantidad de asuntos, temáticas y problemáticas que se deben atender, lo cual requiere de especialización, orientación y apertura si se desea avanzar y no repetir errores de antaño».
Asimismo, expuso que en el documento publicado por el Ayuntamiento de Xalapa en donde se da a conocer a la ciudadanía el plan de trabajo, aparece la foto de Karina Martínez Vera, directora del IMIDI al momento de presentar la propuesta para la creación del Instituto Municipal Especializado para la atención e inclusión de las personas en condición de discapacidad.
«Pero sólo aparece la foto, la propuesta no fue escuchada porque como ya lo mencionamos en otra rueda de prensa, las autoridades municipales sólo asistieron a la inauguración del foro de consulta ciudadana del día 16 de marzo y se retiraron tras la inauguración».
Por otra parte, dijo que se puede observar que tampoco leyeron la propuesta escrita entregada conforme a lo que estipulaba la convocatoria, ya que siguen utilizando términos que no obedecen al enfoque actual de derechos humanos.
«Por ejemplo, en dicho documento mencionan “discapacitados” (pág. 207) al tratar de referirse a personas con discapacidad (término vigente), que puede ser corroborado en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (aprobada hace 16 años), así como en la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad (publicada hace 11 años) y la Ley estatal para la integración de las personas con discapacidad del estado de Veracruz (publicada hace 12 años)».
Así también, hacen mención a la discapacidad de lenguaje, la cual no atiende a ninguna clasificación oficial.
«¿Cómo se puede dar respuesta adecuada a las necesidades a la ciudadanía si se desconoce y, además, no hay apertura para el diálogo y el trabajo colaborativo?»
De manera que señaló que no se trata de inventar términos, sino de hacer equipo y lograr garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos a toda la población, que es diversa y entre la cual, no se debe olvidar a las personas en condición de discapacidad, que representan el 19.4% de la población, según estima la ONU.
«Consideramos que estamos lejos de contar un verdadero gobierno incluyente, un gobierno verdaderamente comprometido con la inclusión en la práctica y no sólo en el discurso. No es sólo crear espacios burocráticos con personas que no tengan compromiso con las tareas encomendadas, ni conocimiento de las mismas».
