Por: Enrique Yasser Pompeyo
La manifestación que realizaron este martes transportistas de carga en el estado de Veracruz, así como en todo el país muestra la creciente inseguridad y corrupción que las autoridades se niegan a admitir.
Las denuncias son varias. Primero, sufren a diario robos, pero lo peor es que integrantes de la asociación han sido asesinados por la delincuencia organizada.
Los agremiados a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) se encuentran a merced del hampa y las autoridades hacen poco o nada para resolver esta situación. Nos les brindan garantías de ningún tipo. ¿Y la Guardia Nacional?
A esto, se suma el abuso de autoridad y extorsiones que padecen por parte de elementos policíacos, así como los cobros excesivos de las grúas. Lo que muestra una ola de corrupción que parece no tener fin.
Por si esto no fuera suficiente, los transportistas de carga son afectados por los impuestos de Hacienda, lo que merma sus ingresos, así como el precio alto de combustibles y peaje.
Así como las autoridades les exigen un sinfín de requisitos que deben cumplir (la famosa Carta Porte) para poder operar, los transportistas también exigen que se rehabiliten las carreteras que se encuentran en pésimo estado y que haya mejores condiciones para el gremio, principalmente en materia de seguridad.
Pese a todo y sus movilizaciones, acusan que las autoridades federales han hecho oídos sordos a sus demandas, mientras los transportistas se encuentran desamparados y bajo el yugo, tanto de los policías como del crimen organizado.
SIOP NO DA UNA
El Partido del Trabajo tronó en contra del titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez, pues lo acusó de mantener en pésimas condiciones varios tramos carreteros.
Enlistó, por ejemplo, los tramos Martínez de la Torre-Nautla-Cardel, así como el de Tantoyuca-Pánuco.
Además, el PT señaló que la dependencia emitió una convocatoria para realizar reparaciones en la carretera estatal que comunica a la cabecera municipal de Actopan con las comunidades Ranchito, El Zetal, Chicuasen y Trapiche del Rosario, pero acusa que no interpone las denuncias en contra de su antecesor.
El PT dio un dato más. El reencarpetamiento hecho en 2016-2017, duró menos de tres años y el deterioro fue casi de inmediato.
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