Xalapa, Ver.- (Enrique Yasser Pompeyo) Si no se derogan por completo los delitos de ultrajes a la autoridad y contra las instituciones de seguridad pública del Código Penal de Veracruz, se convocaría a la movilización de los ciudadanos, advirtieron Manuel Bernal Rivera, Jazmín de los Ángeles Copete Zapot y Arturo Hérviz Reyes.
«De ser necesario, el PRD tendrá que volver a las calles, pero acompañado de la sociedad en su conjunto, que está analizando todo lo que está sucediendo en nuestro estado», dijo Copete Zapot.
«Estamos obligados a seguir levantando la voz por lo que está pasando en Veracruz en relación al infame tipo penal de ultrajes a la autoridad», dijo Manuel Bernal.
Indicó que el gobernador se ha visto obligado a enviar al Congreso local una iniciativa de decreto para que sea derogado el artículo 331 del Código Penal, pero consideró que no cumple con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y menos con lo que estipula el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que considera que el delito de ultrajes a la autoridad no solo violenta los derechos humanos sino que es inconstitucional.
Manuel Bernal dijo que si bien es cierto que el Ejecutivo mandó la iniciativa, «queda en la oscuridad de los rincones de la legislatura de Veracruz, el artículo 337 que establece el delito contra las instituciones de seguridad pública; lo van a dejar subsistente».
Por ello, dijo que «es tan grave, uno como otro, es tan confuso, uno como otro, es tan perverso, uno como otro, porque en su caso los aplican de manera indistinta».
Puso como ejemplo el caso de Rogelio Franco Castán, que, a la fecha, sigue privado de su libertad, precisamente, entre otros, «por estos infames delitos».
Bernal Rivera advirtió que por ultrajes a la autoridad, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial están pidiendo que se le apliquen ocho años de prisión y por el delito contra las instituciones de seguridad pública están pidiendo 15 años, que suman 23 años.
Por su parte, Jazmín Copete indicó que el delito que pretenden dejar subsistente «es la trampa, no tan solo para que se queden en la cárcel los que ya están, es también una amenaza para los ciudadanos que levantamos la voz, aquí se encuentran ustedes, los comunicadores, la seguridad de ustedes también depende de lo que digan o no digan, porque se puede interpretar como ataque a las instituciones».
Por ello, hizo un llamado a los diputados locales «que son la voz del pueblo para derogar «estos criminales tipos penales que hoy son una demanda sentida de la sociedad que deben ser derogados».
