El 60% de los que entregaron sus créditos a Gyasa no tienen si quiera propiedad del terreno en los desarrollos inmobiliarios. Después del fraude, algunos demandaron, pero nunca prosperaron.
Cuando Jorge Alberto Esparza cumplió 30 años como maestro de primaria, el FOVISSSTE le concedió un crédito para vivienda. Uno de los funcionarios del Fondo le recomendó a la empresa Graciano y Asociados S. A. de C. V. (Gyasa), que construiría desarrollos en Gómez Palacio, Durango. Así lo hizo, pero esa decisión lo ha tenido en la zozobra los últimos 14 años.
En 2008, Gyasa había construido solo unas casas en los desarrollos conocidos como ‘Quintas del Desierto’ “y con esas nos enganchó”, dice el profesor Esparza, de 62 años, al narrar su historia. Supuestamente, con el dinero de los créditos, la empresa terminaría de construir las viviendas, pero nunca pasó. Él, como otros mil 70 derechohabientes fueron estafados.
Una vez que el FOVISSSTE entregó a Gyasa el dinero proveniente de los créditos, abandonó el proyecto y dejó de responder a los trabajadores. Tres desarrollos inmobiliarios se quedaron con casas a medio construir y, en los peores casos, sin siquiera división de propiedad. Mientras que los descuentos vía nómina sí se hicieron efectivos desde 2008.
Supuestos exempleados de Gyasa habían demandado a la empresa por incumplimiento de pagos, y éstos señalaban a la casa de Esparza y otras más, como la garantía para cobrar la deuda. El profesor interpuso un amparo para defender su propiedad que le fue negado en primera instancia en 2021, pese a mostrar las escrituras y sus descuentos de nómina para comprobar su posesión.
El profesor, ya jubilado, teme ser embargado. Su caso se encuentra en revisión en un Tribunal y de ello dependerá si retiene o no su casa. Afirma que duda que realmente se trate de exempleados y más bien sea la misma empresa litigando por las casas terminadas, dice en entrevista.
El crédito que el FOVISSSTE le otorgó a Esparza fue por 524 mil pesos en 2008. Pero en los años siguientes, después de “ajustes” en sus políticas de cobro, la deuda subió a 850 mil pesos. Por eso es que aún debe 165 mil pesos. Lo sigue pagando con el descuento de 8 mil pesos mensuales de la pensión de 22 mil pesos después de 30 años de servicio.
El 60% de los que entregaron sus créditos a Gyasa no tienen si quiera propiedad del terreno en los desarrollos inmobiliarios. Después del fraude, algunos demandaron a la empresa Gyasa ante la Procuraduría General de la República por fraude, pero nunca prosperaron. También intentaron ante el FOVISSSTE, pero durante más de una década fueron ignorados.
Entre las protestas, se enteraron que Gyasa había defraudado también a derechohabientes de Tijuana, Baja California, años antes, desde 2005. Es decir, aunque la empresa había hecho fraudes, siguió con el aval del FOVISSSTE, lo cual le permitió aplicar ese modus operandi en otros lugares. Tiempo después también se enteraron que ocurrió también en Coahuila.
