Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- José Leonardo Araujo Araque, quien ha denunciado al sacerdote mexicano Juan Huerta Ibarra de haber abusado de él cuando era menor de edad, ha tenido que viajar a México para exhibir que su presunto agresor ha sido protegido por las autoridades eclesiásticas que lo trasladaron a la casa de los sacerdotes Paulinos en la Alcaldía de Iztapalapa y no a Venezuela, donde existe una denuncia penal en su contra.
“Mi exigencia fundamentalmente es que se actúe con contundencia, que las autoridades de la Iglesia verdaderamente tengan vocación y voluntad de sancionar a esta persona y de sacarla de sus filas, porque una persona de esta calaña teniendo una sotana encima puede hacer muchísimo daño. Ya nos hizo mucho daño a nosotros y le puede hacer mucho daño a otras personas”, platicó el joven abogado venezolano en entrevista con SinEmbargo.
El pasado 27 de julio, José Leonardo ofreció una rueda de prensa en la Ciudad de México donde acusó a las autoridades eclesiásticas de proteger al clérigo. Al dar a conocer su caso en este país le dio valor a otra víctima para alzar la voz. Se trata de una persona que se acercó a Leonardo y le compartió que él también fue abusado sexualmente por Juan Huerta en los años 1997 y 1998, cuando él tenía apenas 17 años.
De acuerdo con el entrevistado, la segunda víctima ya interpuso también una denuncia en la Fiscalía de la Ciudad de México, pero no abundó en más detalles. “Los abusos sucedieron en la Casa de la Sociedad San Pablo, puedo dar muchos detalles porque esta persona ha pedido privacidad con su caso, pero lo que sí importa decir es que fue en el año 1998”, dijo.
En el transcurso de 1998, Juan Huerta fue trasladado de México a Venezuela por lo que José Leonardo no descartaría que el motivo pudiera ser porque ya se sospechaba o se tuviera conocimiento de la agresión que cometió en ese entonces.
“Yo no puedo achacar directamente el hecho de que él estuviera abusando de otra persona y por lo cual lo trasladaron a Venezuela, pero evidentemente que alguien tuvo que haber visto algo, porque eso son cosas que muchas veces son evidentes o cuando menos hay muchos indicios para hacerlo presumir”, narró.
José Leonardo afirma tajantemente que la Iglesia ha protegido a su agresor desde que presentó la denuncia, en julio de 2019, porque de lo contrario lo hubieran trasladado a Venezuela para que enfrentara los cargos, y no la Ciudad de México en donde actualmente sigue como párroco.
“Ellos lo tienen en Ciudad de México, fue visto en actos públicos y además sigue celebrando misa, por esa razón esto es bastante grave […] Esa persona tiene que dar la cara ante la justicia y las autoridades de la Sociedad San Pablo deben exigirle que de la cara”.
Los protectores, destacó el joven, fueron en primer lugar el padre Faustino Hernández Estévez, quién era el superior de Huerta en ese momento; así como el sacerdote colombiano de nombre Hernando Jaramillo Osorio, quien era el superior regional de la sociedad San Pablo en Venezuela.
No es la primera vez que se señala a la Iglesia católica de proteger a sacerdotes acusados de pederastia. En marzo de 2020, una investigación realizada por un equipo de Houston Chronicle y ProPublica encabezado por Katie Zavadski, Topher Sanders y Nicole Hensley, reveló que la iglesia católica envió a distintos países a decenas de sacerdotes que eran acusados en Estados Unidos de violar menores de edad y que todos fueron incorporados a iglesias donde se les permitió ofrecer servicio e incluso trabajar con niños.
“ProPublica y el Houston Chronicle analizaron las listas publicadas por 52 diócesis de Estados Unidos que abarcan los 30 principales en términos de la cantidad de clérigos vivos acusados con credibilidad y ubicados en estados a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Los reporteros encontraron 51 curas que luego de acusaciones de abuso pudieron trabajar como sacerdotes o con hermanos religiosos en una gran cantidad de países, desde Irlanda hasta Nigeria y Filipinas. Al menos 40 habían trabajado en Estados Unidos a lo largo de la frontera sur, incluidos 11 en Texas. Ningún país fue un destino más común que México, donde al menos 21 sacerdotes acusados creíblemente encontraron refugio”, dice la investigación.
Para una víctima de abuso sexual, la agresión por sí misma es dolorosa, las consecuencias se presentan a largo plazo y el camino por buscar justicia no es menos tortuoso:
