Enrique Yasser Pompeyo
¿Hacia dónde lleva la magistrada presidenta, Isabel Inés Romero Cruz, al Poder Judicial de Veracruz?
Desde que asumió esa alta responsabilidad se generó una serie de situaciones que han puesto en entredicho su capacidad y su cordura para llevar las riendas del Tribunal Superior de Justicia.
Las quejas de abogados, magistrados y ciudadanos son generalizadas; los medios de comunicación dan cuenta de las protestas, manifestaciones y denuncias por las decisiones que toma Isabel Romero Cruz.
En los últimos días se ha mencionado la posibilidad de que, tras cumplir setenta años de edad en abril del próximo año, lo que por ley le obligaría al retiro forzoso, continúe en el cargo con una dispensa de Ley que le otorgaría el titular del Ejecutivo estatal, Cuitláhuac García Jiménez.
Pero, además de lo que significaría su permanencia, está todo lo que ocurre en el Poder Judicial.
También en los últimos días han circulado varias versiones de una presunta red de corrupción y de negocios, por lo que surgen las dudas, las sospechas, las interrogantes.
¿Será verdad que pactó la venta de 55 plazas que entran en función el primero de octubre con motivo de la creación de los juzgados en materia laboral?
¿Será verdad que vendió plazas de jueces y de secretarios de Sala a sobrinos, primos y amigos?
¿Será verdad que, con la venia de la presidenta, su secretario particular Tomás Antonio Francisco, benefició como juez de Primera Instancia en el Juzgado Especializado para Adolescentes en Palma Sola a su hermano Antonio Francisco Enrique, sin contar con el examen de oposición y que, además, se encontraba adscrito a la Sala de Responsabilidad Juvenil?
Una pregunta más, ¿será cierto que Tomás Antonio Francisco coaccionaría a los jueces para resolver casos en los que la magistrada, presuntamente, tendría sus negocios?
El asunto ha escalado al grado de que se le solicitó la renuncia al secretario de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, ya que los jueces le informaron de los supuestos negocios turbios.
Otro tema que generó polémica y que ya fue abordado en una de las mañaneras del gobernador es el relacionado con el hijo de la presidenta, Marlon Neria Romero, quien se encuentra adscrito al Juzgado Cuarto de Martínez de la Torre, lo que para muchos es nepotismo, pero, además, Felipe Reyes Reyes, quien es asesor de la magistrada y persona íntima de su hijo, cobraría una compensación de 50 mil pesos.
Si de austeridad se habla, ¿la magistrada presidenta tiene un salario de 195 mil pesos al mes?
Ante todo lo que ocurre, los ciudadanos se preguntan, ¿hacia dónde lleva Isabel Inés Romero Cruz al Poder Judicial de Veracruz?
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