Hay regiones del país donde las condiciones sanitarias en los planteles no son el principal impedimento para reanudar las clases. En Ayahualtempa, municipio de José de Joaquín Herrera en la montaña baja de Guerrero, niños y adolescentes que pertenecen a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los pueblos fundadores, se dicen ansiosos de regresar a los planteles, pero las condiciones de asedio de grupos criminales en su comunidad hacen que los maestros no lleguen hasta la zona y los obliga a defenderse en la policía comunitaria.
“Ya me enseñaron a usar una arma, a tirar con uno, nosotros andamos con los adultos cuidando el pueblo para que no nos vengan a matar, a nosotros nos gustaría que abran nuestra escuela para que puédamos estudiar”, refirió Clemente Rosendo, policía comunitario de CRAC-PF, Guerrero.
Para los 34 niños miembros de la policía comunitaria en Ayahualtempa, en la montaña baja de Guerrero, el paso de los días se reduce a entrenar y vigilar el pueblo. Para ellos, dicen, regresar a clases es inseguro y complicado.
“Sí quisiera estudiar, pero como no hay secundaria en este pueblo, no puedo”, refirió Luis Morales, policía comunitario.
Luis de 15 años de edad, antes caminaba un kilómetro y medio desde Ayahualtempa hasta la comunidad de Hueycantenango, donde cursaba la secundaria. En los últimos dos años, el grupo criminal Los Ardillos tomó el control de esta comunidad y desató una ola de asesinatos y secuestros. Para evitar el avance de esta célula hasta Ayahualtempa, la policía comunitaria limitó la salida de sus habitantes.
“Ya iba yo a pasar a segundo grado de la secundaria, justo me tuve que salir porque el grupo delictivo llegó en Hueycantenango, pues por eso ya no fui a la secundaria, me salí de ahí”, insistió el policía Luis Morales
Desde el año pasado, Luis se sumó a las filas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores, CRAC-PF. Ahora sin opción para estudiar, todos los días camina una hora, pero hasta un corral a las orillas de Ayahualtempa, donde cuida sus vacas. En todo momento carga su pistola 9 milímetros, de uso exclusivo del Ejército, que le regaló su padre.
“Uno no sabe qué es lo que puede encontrar en el camino, a veces me pongo a practicar de las posiciones de tiro, a veces hasta disparo para ver si puedo tirar, yo no lo tengo miedo a nada”, dijo.
“Al principio pues yo no quería que mis hijos se involucraran, pero pues viendo la necesidad se les cedió el permiso de que nuestros hijos participaran en la policía comunitaria”, refirió Luis.
“Poco a poco se van sumando los niños, entonces nosotros tampoco los podemos rechazar, para nosotros es mejor que se defienda que lo agarren desarmado”, agregó Bernardo Sánchez.
Como Luis, otros 60 niños de secundaria en Ayahualtempa no tienen dónde estudiar. Tras la difusión, a inicios del 2020, de videos donde los menores aparecían armados, la CRAC le exigió a las autoridades estatales y federales una secundaria para la comunidad, con maestros y material didáctico.
“Solamente vinieron a construir la escuela, ahí dejaron los libros que tenemos atrás los paquetes de libros, pero nunca vinieron los maestros, lo único que nos mandaron son libros de preparatoria”, destacó Bernardino.
También hay 120 niños estudiantes de primaria que se quedaron sin clases. Dicen que los maestros no acuden por la inseguridad en la región y con la pandemia están aún más olvidados. Entre ellos está Eroncio, de 9 años de edad. Él, como otros niños de su edad, se sumaron a la policía comunitaria desde hace meses ante la falta de oportunidades para estudiar.
“Ya iba yo en cuarto año, pero cómo los maestros dejaron de venir pues ya no estudiamos, extraño ir a la escuela para jugar con mis compañeros”, enfatizó Eroncio.
“Yo quiero estudiar para subirme en un helicóptero, yo me metí aquí porque no me da miedo, yo no tengo miedo que me maten”, concluyó el policía comunitario Uriel.
