Enrique Yasser Pompeyo
La ola de violencia e inseguridad no cesa en ningún rincón del territorio veracruzano.
Las extorsiones continúan y se presenta en todos los sectores.
Los abogados no son la excepción. En municipios como Coatzacoalcos y Minatitlán, incluso, son secuestrados para cobrarles el derecho de piso.
La Federación de Abogados del Estado de Veracruz ha denunciado los hechos y demanda la intervención de las autoridades estatales.
Es más, señalan que, si la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado ha sido rebasada por la delincuencia organizada, entonces que intervenga la Guardia Nacional.
A pesar de los discursos oficiales, Coatzacoalcos es tierra de nadie, continúan los diferentes delitos sin que se logre frenar a las bandas criminales.
Las promesas no se han hecho esperar.
De acuerdo con el director de Seguridad Pública municipal de Coatzacoalcos, Víctor Ulises Osorio Soler se creará lo que se denomina un grupo interinstitucional para combatir la extorsión.
En este participarán la policía municipal, la policía estatal, la Guardia Nacional y estará al mando la Fiscalía General del Estado.
En teoría suena bien, ya que el grupo interinstitucional tendrá la facultad de “prevenir, atacar y reaccionar correctamente” en las extorsiones y cobro de piso.
Sin embargo, para lograr eso, primero requieren de recursos materiales, humanos y financieros.
Pero no sólo eso, antes de que pueda comenzar a operar se requiere diseñar las estrategias y les llevará aproximadamente tres meses.
En el mejor de los escenarios, el grupo interinstitucional iniciaría funciones en el mes de noviembre y, en todo caso, sería hasta el próximo año, con la nueva administración que encabezará Amado Cruz Malpica, actual diputado local por ese distrito.
No obstante, por si algo les fallara, el mismo funcionario dice que los ciudadanos deben denunciar, porque de otra manera ellos nada podrán hacer.
Ya se verá si los abogados, los integrantes de las diferentes cámaras empresariales y los ciudadanos de a pie confían en las autoridades para acudir a denunciar, a sabiendas de la corrupción que ha permeado en las diferentes instancias de seguridad y de gobierno, además del burocratismo existente.
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