Xalapa, Ver.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 23/2021 a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) tras haber determinado que durante la administración del titular, Jaime Tellez Marie y el Fiscal Jorge Winckler Ortiz, violó el derecho de las personas privadas de la libertad, el derecho a la integridad personal y el derecho de las víctimas, con un trato cruel e inhumano en contra del exsecretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib.
Según consta en el expediente CEDHV/3VG/DOQ-1548-2018, por las violaciones a los derechos humanos cometidos contra Nemi Dib, se solicita al gobierno de Veracruz y a la FGE reparar el daño de las afectaciones que en salud, psicológicas y económicas haya sufrido, tras su detención por policías ministeriales el 23 de diciembre del 2017 y privarlo de la libertad en el penal de Pacho Viejo durante casi 16 meses.
Los hechos ocurrieron en el bienio de la administración del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y la investigación señala que Nemi Dib fue violado en sus derechos humanos para obligarlo a declarar en contra de la expresidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Veracruz, Karime Macías Tubilla.
La CEDH presidida por Namiko Matzumoto Benitez refiere “se tiene por acreditado que Juan Antonio Nemi Dib fue víctima de una serie de violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad que al ser practicadas de forma reiterada, generaron un sufrimiento adicional al connatural a la privación de la libertad”.
Agrega que “Dichos sufrimientos fueron innecesarios y pudieron ser evitables por tanto confieren al tratamiento al que fue sometido Juan Antonio Nemi Dib durante su reclusión, la característica de cruel, inhumano y degradante. Ello representa una violación al derecho a la integridad personal”.
De acuerdo con las declaraciones de Nemi Dib, fue detenido el sábado 23 de diciembre de 2017, “de manera violenta, arbitraria e ilegal” en el municipio de Atlixco, Puebla.
Refiere que viajaba con su hijo, cuando una camioneta los chocó por detrás y de ella se bajaron hombres armados, que no se identificaron y le pusieron una pistola a su hijo en la boca; mientras que el agente policíal veracruzano que realizó la detención destruyó su camioneta, inventando una historia de persecución.
Nemi Dib señaló que policías ministeriales lo golpearon, lo esposaron y le tomaron fotografías para que la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Jorge Winckler Ortiz las distribuyera a periodistas y medios de comunicación, lo que viola el derecho a la presunción de inocencia.
Posterior cuando lo llevaron al Penal de Pacho Viejo, localizado en Coatepec, los custodios de la secretaría de Seguridad Pública al mando de Jaime Tellez Marie lo humillaron, golpearon y amenazaron de matarlo a él y a su familia.
En la recomendación de la CEDH se solicita al gobierno de Veracruz que Nemi Dib sea incorporado al Registro Estatal de Víctimas, a fin de que tenga acceso a la atención médica y psicológica, así como al suministro de medicamentos que requiera, a causa de la violación a sus derechos humanos.
También se pide que “pague una compensación” “por el daño moral que le generaron los tratos crueles, inhumanos y degradantes de los que fue víctima durante la privación de su libertad en el CERESO.
Al pie de la letra señala “pague una compensación a Juan Antonio Nemi Dib por los gastos que tuvo que absorber para el tratamiento de las complicaciones médicas que sufrió como consecuencia de la falta de atención médica oportuna dentro del CERESO”.
También la CEDH solicitó a la SSP la verificación de las cámaras de videovigilancia en los Centros de Reinserción de Veracruz, “para garantizar la no repetición de violaciones a derechos humanos como la aquí analizada, y la seguridad e integridad personal de las personas privadas de la libertad”.
La SSP “deberá girar las instrucciones correspondientes para que se inicie un procedimiento administrativo a efecto de establecer de manera individualizada, la responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados en las violaciones a derechos humanos aquí acreditadas” y “deberá de capacitar eficientemente a los servidores públicos involucrados en materia de respeto, defensa y garantía de los derechos humanos, específicamente en relación al derecho de las víctimas”.
A la Fiscalía General del Estado le pide igual determinar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados y reforzar la capacitación en el respeto al derecho de las víctimas.
Ambas dependencias tendrán 15 días para responder la afirmativa a la Recomendación 23/2021 y 15 días más para hacer llegar las pruebas del cumplimiento de la misma.
Además de la exoneración del Proceso Penal 139/2017 que se instruyó en contra de Juan Antonio Nemi Dib por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, cometido en agravio del servicio público, esta Recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz le viene a hacer justicia al ex funcionario público como perseguido político del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
