Xalapa, Ver.- Hasta 3 mil pesos de multa contempla la iniciativa del PRI -PVM presentada en el congreso local para hacer obligatorio el uso del cubrebocas en Veracruz y disminuir el contagio de coronavirus.
De acuerdo con la justificación tiene el objetivo de contribuir a disminuir los casos de contagio de esa enfermedad que ya ha provocado en el país más de 182 mil muertes, cifra en la que Veracruz ocupa el séptimo lugar nacional con casi 8 mil fallecimientos y más de 54 mil casos confirmados.
Ya en diversos estados se han emitido leyes en este mismo sentido, como en Chihuahua, Colima, Michoacán, Morelos, Sonora y Zacatecas y se han presentado iniciativas en otras entidades, como la Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo y San Luis Potosí, entre otras.
La ley no sólo señala el uso obligatorio de cubrebocas sino también seguir aplicando las demás medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, principalmente la sana distancia y el lavado constante de manos, el uso de gel antibacterial y en su caso de tapetes sanitizantes y filtros sanitarios, así como sanitizar los vehículos de transporte público.
Precisamente para que la ley se cumpla y a partir de los modelos utilizados en las leyes estatales ya aprobadas, se plantean sanciones, consistentes en amonestación con apercibimiento, trabajo comunitario, entrega de equipo médico hasta por el valor de 25 UMAS (que en este caso sólo se podrá imponer a concesionarios de transporte público, propietarios de establecimientos y servidores públicos) y multas que podrán ser hasta por 35 UMAS, excepto en caso de obreros, jornaleros y trabajadores en que la multa no podrá ser mayor de un día de salario y en el de trabajadores no asalariados, en que la multa no podrá ser superior al monto de un día de su ingreso.
En el caso de las sanciones de entrega de equipo médico y de multas, éstas no podrán imponerse sin que previamente se haya impuesto una amonestación. En todos los casos se otorga facultades a las autoridades estatales y municipales para vigilar la aplicación de la ley y para que en el caso de sanciones se sigan los procedimientos establecidos en las leyes estatales de salud y de procedimientos administrativos. También se propone la creación de un fondo estatal, conformado por los recursos que en su caso se obtengan de la imposición de sanciones y se señala que la ley estar vigente hasta que las autoridades sanitarias declaren la terminación de la pandemia.
«Estamos conscientes de que una ley de esta naturaleza puede ser considerada por algunas personas como restrictiva de derechos, pero estamos convencidos de que ante la emergencia sanitaria que vivimos, el número de contagiados y de fallecidos, el impacto negativo que ha tenido en la economía (como cierre de establecimientos, desempleo y contracción económica) y de muchos otros efectos colaterales, es necesario tomar mayores acciones para la prevención de la transmisión de la enfermedad, y es en esa lógica que decidimos impulsar una ley que busca garantizar uno de los derechos humanos de mayor relevancia, como a la salud, ya que sin ésta no es posible el ejercicio de otros derechos», concluye la propuesta.
