El diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Distrito XXX Coatzacoalcos II, presentó un anteproyecto con punto de Acuerdo por el cual solicita a las autoridades del Gobierno de la República y del Gobierno del Estado de Veracruz, a través de sus respectivas dependencias, un diagnóstico real sobre las implicaciones que ocasiona la contaminación del río Coatzacoalcos, así como las medidas y acciones que se estén adoptando, en su caso, el diseño de estrategias específicas de prevención y atención.
Al subir a tribuna, durante la séptima sesión ordinaria, el coordinador del Grupo Legislativo Del Lado Correcto de la Historia dijo que la contaminación del río Coatzacoalcos no es un tema novedoso de atención para la administración pública o de exigencia de solución por la sociedad, “se ha convertido en uno de los grandes problemas que padece la zona sur de la entidad, principalmente, por la actividad industrial y las descargas de drenaje que han agudizado el daño ambiental en la región”.
Explicó que a pesar de las estrategias para reducir el nivel de contaminación de este afluente, el inconveniente sigue persistiendo e –indicó- al parecer cada vez en mayor medida, toda vez que se tiene conocimiento de un nuevo evento que impacta de manera negativa la salud de la niñez en Coatzacoalcos.
Lo anterior, refirió, es resultado de la declaración del pasado 12 de diciembre en la conferencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “donde el Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales consideró al río Coatzacoalcos como un auténtico infierno ambiental, puntualizando que, de acuerdo a estudios e inspecciones realizados en el lugar, se ha detectado que niños porteños tienen plomo en su sangre, lo cual ocasiona varias enfermedades como el cáncer”, detalló.
El diputado Guízar Valladares manifestó que el problema deja de ser solo la contaminación, pues el descubrimiento de niveles de plomo en la sangre de niñas y niños de Coatzacoalcos se torna en un tema de atención prioritaria, “los menores de edad son, en general, los más indefensos ante los embates de enfermedades y epidemias, más cuando se trata de daños medioambientales”.
Recordó que el artículo 4, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y, a su vez, garantiza su pleno ejercicio, al establecer la obligación del Estado de protegerlo, por lo que sus agentes deben asegurar su respeto y determinar consecuencias para quien provoque su deterioro, como medidas eficaces para su restauración.
“Dada la reiterada actitud pasiva de las autoridades competentes, ya sea por intereses particulares, económicos o políticos, dicho precepto constitucional muy pocas veces se cumple; por lo que, es necesario que los Gobiernos Federal y Estatal trabajen de manera urgente, con voluntad y en coordinación para atender esta nueva problemática”, agregó.
De esta manera, se plantea solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Salud, todas del Gobierno de la República, un diagnóstico real sobre las implicaciones que ocasiona la contaminación del río Coatzacoalcos, así como las medidas y/o acciones que se estén adoptando o, en su caso, diseñar estrategias específicas de prevención y atención.
Mismo exhorto se estaría realizando a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y a la Secretaría de Salud, todas del Gobierno del Estado de Veracruz.
Para su estudio y dictamen, este anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.
