¿Qué implica que la GN y Sedena actúen en “legítima defensa”?

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La Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) advirtió que tanto militares como elementos de la Guardia Nacional (GN) podrán actuar en “legítima defensa”, en caso de requerirlo o de una agresión.

Esta afirmación se dio a conocer tras el enfrentamiento ocurrido entre militares y pobladores del municipio de Acajete, en Puebla.

Mediante un comunicado, la institución explicó que algunos de sus elementos resguardaban una bodega cuando 150 personas los agredieron tanto física como verbalmente. Inclusive los golpearon con piedras.

Como no obtuvieron respuesta, los militares hicieron disparos y sólo así lograron que las personas se dispersaran del lugar. También confirmaron que no se presentaron lesionados.

¿Qué implica la legítima defensa?

Toda acción realizada por parte de los militares y de la Guardia Nacional debería ser estrictamente reguladapara resguardar los derechos humanos de la ciudadanía.

En este sentido, podría existir un protocolo que especifique qué se entenderá por “legítima defensa”. De esa manera podría evitarse, en cierta medida, el abuso de poder, la fabricación de pruebas, el asesinato o inclusive el plagio de personas, casos que existen en la boca de muchos ciudadanos que se han postulado en contra de la Guardia Nacional.

Si recordamos que sólo el 5% de los elementos que pretendían entrar a la Guardia Nacional aprobaron los exámenes de confianza, que algunos miembros tuvieron que trabajar en equipo para realizar dichas pruebas e inclusive muchos policías que querían formar parte de esta organización no tenían las condiciones físicas requeridas, ¿qué pueden esperar los ciudadanos?

Tampoco existe una certeza jurídica que acompañe a los ciudadanos para defenderse de manera legal, pues tras las acciones de legítima defensa podría o no existir una imputación o cargo tanto para los ciudadanos como para los guardias.

Imaginemos que existe un caso en el que los elementos de la SEDENA o la Guardia Nacional actúen en legítima defensa, ¿cómo pueden defenderse los ciudadanos?, ¿existe una forma legal para impugnar o rechazar estas acciones?