La Justicia venezolana tomó este martes varias medidas en contra del jefe del Parlamento y autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, entre las que se cuenta la prohibición de salida del país y la congelación de sus cuentas, aunque no se emitió una orden para su arresto.
La medida de la detención de Guaidó es esperada desde el 23 de enero cuando el parlamentario anunció ante miles de personas que se adjudicaba las competencias del Ejecutivo como presidente encargado por considerar que Nicolás Maduro «usurpa» la Presidencia, tras ganar en unas cuestionadas elecciones que tacha de «fraudulentas».
Ese mismo día, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) exhortó a la Fiscalía a «tomar medidas» de «manera inmediata» ante la «conducta delictiva» de la directiva del Parlamento, controlado por la oposición.
Sin embargo, las medidas en contra de Guaidó se produjeron una semana después de su pronunciamiento, lo que fue recibido por el jefe de la Cámara con cautela, pero que no le han impedido seguir tomando decisiones como «presidente encargado».
El fiscal general, Tarek Saab, presentó una solicitud al Supremo para que, como parte de una investigación preliminar, impida la salida del país a Guaidó, sus cuentas sean bloqueadas y se le prohíba «enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles».
Todas las peticiones de Saab fueron atendidas seis horas más tarde por el Supremo y confirmadas por su propio presidente, Maikel Moreno, al leer una escueta declaración ante los medios.
Antes, Saab había dicho que estas decisiones eran necesarias porque «hay un ciudadano (Guaidó) que prácticamente ha encabezado» una «acción (…) en detrimento de la Patria venezolana» que llevó a que «inclusive países extranjeros solicitasen a Venezuela medidas sumamente graves que alteran el orden constitucional, entre ellas, el aislamiento de cuentas».
El fiscal, que fue designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente en 2017 después de haber sido electa en circunstancias que también fueron denunciadas por la oposición como fraudulentas, dijo que Venezuela está sometida a un «bloqueo económico» que afecta el patrimonio nacional y «la vida familiar de todos los venezolanos».
Saab aseguró que las medidas tomadas esta jornada tienen «basamento legal» y le permite al Ministerio Público «desarrollar una investigación» para «seguir recabando» los datos suficientes «que permita detener estos actos» que atribuye a Guaidó y que cree que «han dañado la paz» de Venezuela, su economía y patrimonio.
Guaidó, entretanto, y antes de entrar a la sesión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), dijo que no desestima las «amenazas» y «persecución» de la Fiscalía.
«No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así de nuestra parte y muy responsablemente les digo que no hay nada nuevo bajo el sol, lamentablemente, un régimen que no le da respuesta al venezolano, la única respuesta es persecución, represión», dijo Guaidó al ser consultado sobre la petición de Saab.
Por el contrario, el hoy líder de la oposición venezolana, indicó que seguirá avanzando para atender la «emergencia humanitaria» del país y que ahora se encuentra preocupado por la crisis que hay en Venezuela.
En cualquier caso, estas medidas se producen el mismo día en el que Estados Unidos lanza la advertencia sobre las «serias consecuencias» que enfrentarán quienes intenten dañar a Guaidó, y denunció las «amenazas ilegítimas» del fiscal general venezolano.
«Permítanme reiterar que habrá serias consecuencias para quienes intenten subvertir la democracia y dañar a Guaidó», escribió en su cuenta de Twitter el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton.
El funcionario denunció además las «amenazas ilegítimas del ex fiscal general de Venezuela».
Consultado por Efe, Mauricio Claver-Carone, el encargado de temas latinoamericanos en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, consideró que esas medidas están «al margen de la ley».
«El ex fiscal general, porque nosotros no lo consideramos como fiscal general, las medidas que ha tomado y lo que están pidiendo es algo que francamente está al margen de la ley, siendo Juan Guaidó el presidente constitucional legítimo», sentenció.
