El día 23 de este mes, a las 11 de la mañana, dará inicio el juicio político en contra del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortíz, que promueve el abogado Jorge Reyes Peralta y que el Congreso del Estado aprobó el día 14 de diciembre del año pasado, mencionando dos de tres dictámenes que fueron presentados y ratificados por el poder legislativo.
Pero vamos por partes y despejemos primero que es realmente un juicio político, término que se está manejando desde hace algunos meses en el Estado de Veracruz.
Con el nombre de Juicio Político se conoce el procedimiento que se sigue cuando los servidores públicos, durante el ejercicio de sus funciones, incurren en actos u omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho.
La Constitución Política del Estado de Veracruz consigna en su Artículo 77 lo siguiente: Podrán ser sujetos de juicio político, por los actos u omisiones que conforme a la ley afecten a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho: los Diputados, el Gobernador, los Secretarios de Despacho, el Contralor General; el Fiscal General del Estado; los Magistrados; los Presidentes Municipales o de Concejos Municipales y los Síndicos; el Contralor General del organismo público que ejerza la autoridad electoral administrativa; los Comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y los titulares o sus equivalentes, de las entidades de la administración pública estatal y municipal.
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación hasta por diez años para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público del Estado o de los municipios.
Los dos dictámenes que aprobó el Congreso para el caso Winkler son los siguientes:
El abogado Reyes Peralta, defensor del ex director de Servicios Periciales, acusado de desaparición forzada, Gilberto “N”, acusó al personal de la Fiscalía y a su titular por tortura, abuso de autoridad, asociación delictuosa, incumplimiento de un deber legal, falsas denuncias y simulación de puebas contra la administración de la justicia.
El otro caso que se le imputa al Fiscal General es por desaparición forzada, porque presuntamente no presentó al ex Fiscal General, Luis Angel “N” rápidamente ante la autoridad que lo reclamaba, por lo que se hicieron muchas conjeturas entre las voces de la sociedad.
Se especula en los corrillos políticos que el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares podría participar como defensor de Winkler Ortiz, lo que ha celebrado el jurisconsulto Reyes Peralta, porque asegura que tiene todas las pruebas necesarias para cumplir con el Juicio Político.
Esta no es ninguna cortina de humo, este encuentro si va en serio y, como estamos acostumbrados, ya se están haciendo hasta apuestas de como vayan a quedar esos resultados.
