«Con todo el corazón, con todo afecto quiero decirles que lo siento mucho (…) darle la confianza a todos los policías de que el Gobernador está pendiente de ellos, está cerca de su familia», fueron las palabras de Miguel Ángel Yunes Linares en el funeral de Gregorio Agustín Cruz, subdelegado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), acribillado en un emboscada en José Azueta, Veracruz.
Gregorio Agustín, de 43 años de edad, fue uno de los 10 policías de la SSP que han perdido la vida en cumplimiento de su deber durante la presente administración. Pese al respaldo institucional que ha reiterado el mandatario, a las familias de estas víctimas les fue negada la reparación integral del daño y apenas recibieron el 50 por ciento de lo que obliga la Ley Federal del Trabajo.
La Silla Rota comprobó mediante la solicitud de información folio 007253181, que la dependencia -a través de un seguro institucional- destinó únicamente 2 millones 821 pesos para repartirlo entre las 10 familias de los oficiales caídos, es decir, a cada una le correspondió, en promedio, 282 mil 100 pesos.
De acuerdo con el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, en caso de la muerte de un trabajador la indemnización será equivalente al importe de cinco mil días de salario mínimo, lo que significa 441 mil 800 pesos; casi medio millón por cada familia agraviada.
Aunado a la anterior, la reparación del daño por la muerte de los 10 agentes tampoco se realizó de manera integral como lo dicta la Ley Estatal de Víctimas, que en Veracruz se aprobó el 30 de marzo de 2017. Dicha Ley obliga a pagar, en primera instancia a los responsables de estos crímenes y, en caso de no haber detenidos, al Gobierno estatal a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).
Sin embargo, en el documento del que este medio tiene poder, ningún apartado hace referencia a este derecho de las víctimas indirectas -las familias- y solo precisa el concepto de seguro institucional que incluye «las percepciones y prestaciones ordinarias y extraordinarias de conformidad a su fecha de fallecimiento».
Este medio consultó al asesor jurídico federal Raúl Cabrera Rojas, quien explicó que se debe tomar en cuenta el salario percibido por la víctima, que de acuerdo con los familiares agraviados -policíasrasos- oscilaba entre los 8 y los 10 mil pesos mensuales y después multiplicarlo por el número de años que le habría restado vivir según los estándares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es entre 71 y 72 años.
Con base en el informe de la SSP, los edades de los agentes caídos van de los 28 a los 62 años de edad. Es decir, a las familias de los dos policías más jóvenes, con 28 años cada uno, le corresponde entre 352 y 440 mil pesos. Este pago es adicional a lo que obliga la Ley Federal del Trabajo.
«Al ser trabajadores del Estado, no basta con brindarles los seguros de riesgo por muerte a las familias; pues también son víctimas de un delito y deben ser reparadas de manera integral. De no hacerlo, serian víctimas de violación a derechos humanos también por negarles el reconocimiento de la calidad de víctima y el sacrificio realizado en aras de la seguridad de los veracruzanos.
«Pareciera que únicamente se lamenta su perdida a los familiares pero no se vela por ellos; en estos momentos el Estado, por medio de sus Instituciones, debe ser garante de los derechos de sus servidores públicos. De lo contrario se pudiera acarrear una apatía de los demás policías al exigírseles el arriesgar la vida en actividades inherentes a su encargo», opinó Cabrera Rojas.
