En materia de seguridad, las autoridades del estado deben pensar en proteger a los ciudadanos y garantizar justicia a las víctimas, antes que en los votos electorales que pudieran haber perdido a causa de la violencia.
La crisis de seguridad pública que enfrenta Veracruz se ha visto agravada por la incapacidad institucional, la falta de estrategia operativa y porque el gobierno de Miguel Ángel Yunes sólo está pensando en las próximas elecciones.
Hace unos días, el Gobernador propuso la recomposición de 23 policías municipales, en lugares donde estas habrían desaparecido a causa de la evidente corrupción y el vínculo de sus elementos con la delincuencia organizada. Sin embargo, de manera unilateral, estableció como plazo el próximo primero de enero para que empiecen a funcionar nuevamente
Los veracruzanos han padecido el peor gobierno de la historia en materia de seguridad; se siguen registrando homicidios, secuestros y ejecuciones todos los días. Pero el Gobernador en lugar de buscar una solución eficaz, intenta delegar su responsabilidad, involucrando a 23 gobiernos municipales que no están preparados aún para asumir el mando de la policía municipal. Pretende que el costo político de la inseguridad se reparta. Está pensando en los votantes, no en las víctimas.
La amenaza hecha por el mandatario estatal a los presidentes municipales de Poza Rica, Xalapa, Minatitlán y Coatzacoalcos, en el sentido de que si antes del 31 de diciembre no solicitan el apoyo a las fuerzas armadas y a las fuerzas estatales de seguridad pública, “a partir del primer minuto del primero de enero, se harán cargo de la seguridad en esos cuatro municipios”, pone en grave riesgo a la población.
Una vez más está mostrando su incongruencia, ya que mientras pide que la Marina y el Ejército continúen con sus labores en Veracruz, amenaza a los presidentes municipales electos con dejarlos sin policías. No debe ignorar que serán los ciudadanos los que estén a merced de los delincuentes y no las autoridades, por lo que el conflicto político tendrá un alto costo social.
Si en ciudades como Poza Rica o Coatzacoalcos, donde hay presencia de la Marina, el Ejército, la Policía militar, la Gendarmería y hasta la policía estatal, no se ha logrado contener la ola de violencia, abandonar a la autoridad municipal es un acto temerario e irresponsable. No está haciendo un llamado al diálogo, está haciendo un llamado a la delincuencia y la impunidad.
Este diferendo en materia de seguridad, es apenas un ejemplo del acecho y la persecución que ejercerá en contra de los gobiernos municipales que intenten ejercer su autonomía y representen un contrapeso real a su administración.
Y mientras esto sucede, la mayor parte del presupuesto estatal en materia de seguridad pública ha sido destinada a la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río, donde gobiernan y lo harán a partir de enero, sus familiares directos. Nuevas patrullas, más elementos, un nuevo sistema de video vigilancia y la tecnología para la operación de un C5 han sido dispuestos para esta zona.
Miguel Ángel Yunes Intenta mostrar que estas ciudades son más seguras gracias al gobierno municipal, en detrimento del resto de los Ayuntamientos del estado, donde no hay agentes, vehículos ni las condiciones mínimas para que opere la policía. Pero tampoco eso lo ha logrado. En Boca del Río han sido asesinados más de quince taxistas en los últimos dos meses.
El argumento de que el 40 por ciento de los policías estatales realizan las tareas de la policía en estos 23 municipios carece de sustento. Son policías que actúan como policías en zonas de alta incidencia delictiva. No están haciendo tareas administrativas, por tanto, cumplen con su función en un modelo de coordinación que está previsto en la ley. O ¿acaso las fuerzas federales no están realizando tareas de la policía estatal?
Las policías intermunicipales que fueron creadas cuando fue Secretario de Gobierno, fueron las mismas que terminaron coludidas con el crimen. Se ha demostrado a nivel nacional, que la mayoría de los Ayuntamientos no tienen la fuerza institucional para hacerse cargo de la policía. Su improvisación nos va a costar caro a los veracruzanos.
Por todo lo anterior, está clara la amenaza del gobernador en contra de los alcaldes electos que no acepten comerse el impresionante desprestigio que Miguel Ángel Yunes ha acumulado en apenas doce meses y medio de su desgobierno.
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