El Contralor del Estado, Ramón Tomás Alfonso Figuerola Piñera, reconoce que la Ley de Disciplina Financiera solo permite el uso de recursos federales de 2017 para la conclusión de ciertas obras ya pactadas en años anteriores, pero que esto no significa que se pueda hacer de manera indiscriminada, sino mediante el análisis de cada caso. En ese sentido, indicó que serán los Ayuntamientos y legisladores locales quienes deberán atender los señalamientos sobre la presunta ilegalidad de usar fondos federales de este ejercicio para obras inconclusas del año pasado, ya que indicó que la Contraloría a su cargo no fue informada de este esquema y que, por lo tanto no tiene información sobre los señalamientos de la Secretaría de Desarrollo Social Federal que señala que los diputados habrían violentado la Ley de Disciplina Financiera para permitir el uso de recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) para lo antes señalado. «Depende de la situación en particular, con ciertos tipos de recursos para obras que están comprometidas se pueden usar los recursos pasando el año fiscal y terminar de cubrir para que se terminen los trabajos, pero eso depende de cada caso, de cada fondo (…) En algunos casos es posible y en otros habría que verlo». Como fuera, reitera que la Contraloría no avaló ni participó en esta decisión y que por lo tanto no le compete responder ante los señalamientos. «Es un asunto que no vimos nosotros y no nos compete, lo están analizando las instancias correspondientes. No es un asunto del que estemos enterados, y lo tendrán que resolver las instancias correspondientes». Incluso, confió en que la Federación dirima este asunto en los mejores términos y no se llegue a una denuncia o investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tal como exhorto la Sedesol federal. «Se va a resolver de la forma correcta para que no haya problema para nadie. El Gobierno del estado siempre ha apoyado a los ayuntamientos, pero respeta la autonomía municipal y en la medida de lo posible está haciendo todas las gestiones que requieren». Justificó que para llegar a este acuerdo, los legisladores analizaron la legalidad del mecanismo, por lo que consideró que no debe generar perjuicio ni para el Poder Legislativo ni los Ayuntamientos.
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