El Senador Héctor Yunes señaló que la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de esta autopista ya había sido concesionada a la empresa constructora por un periodo de 30 años, mismo que vence en 2023; sin embargo, dijo, en un verdadero madruguete del Gobernador Miguel Ángel Yunes, pretende adelantarla y volver a concesionarla por 30 años más, a cambio de mil 200 millones de pesos.
“La crisis económica del estado no lo justifica. Esa decisión corresponde a una futura administración estatal y no a la actual, por lo que se trata de una bursatilización disfrazada”, insistió el senador veracruzano.
“Esta autopista es fundamental para la comunicación de la capital del estado con el resto de las regiones. Por ello, una vez cumplido el plazo establecido en la concesión original, deberá ser el gobierno en turno quien determine el modelo de administración para fortalecer los ingresos estatales. Hacer uso de los recursos futuros es repetir el modelo que llevó a Veracruz a esta crisis”, aseguró.
Recordó que la concesión de unos de los tramos de la autopista fue realizada en 1993, durante la administración de Patricio Chirinos Calero, cuando el actual mandatario estatal ocupaba la Secretaría General de Gobierno. “Desde entonces, se ha dicho que Yunes Linares participaba en sociedad en esta concesión; la intención de ampliarla vendría a confirmar las sospechas de muchos veracruzanos”.
Yunes Landa dijo que este jueves, el Congreso local podría presentar la iniciativa para ampliar el plazo establecido en la concesión otorgada por el gobierno federal al gobierno de Veracruz. Criticó que el dictamen legislativo no reúne los antecedentes necesarios que justifiquen la solicitud del Gobernador ni ofrece información suficiente sobre la operación y administración del libramiento.
“Yo espero que los diputados locales actúen con mucha responsabilidad. Se ha dicho que el estado ha sido hipotecado a causa de los empréstitos adquiridos por esta y anteriores administraciones; la ampliación de la concesión de este libramiento sería hipotecar nuevamente los activos del gobierno estatal por dos generaciones más. No podemos repetir los errores del pasado reciente y aprovechar argucias legaloides para buscar beneficios personales”, concluyó.
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